Hace un año que Samara Martínez trajo a la arena pública la necesidad de que el Estado garantice la asistencia médica para morir. Su historia, la potencia que hay en ella nos interpeló a varias personas y organizaciones que estábamos interesadas en el tema, pero que no habíamos logrado poner en palabras lo que ella transmite.
Hay algo mágico en conocerla, en el cariño que provoca en la gente que resonamos con sus sentires, sus exigencias.
Así que hace un mes cuando desde la plataforma ¡Muerte Digna Ya! convocamos a la primera marcha por la muerte digna en México, se creó un ambiente especial en el que personas que habían perdido a alguien en medio de mucha agonía, personas con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, personas cuidadoras, tomamos las calles de la Ciudad de México para exigir, una vez más, que tanto el gobierno y Congreso federal como los gobiernos y congresos estatales tengan la voluntad política para descriminalizar y regular este servicio de salud para todas las personas.
Afortunadamente esta demanda social ya está en todos lados: en las redes sociales, en los medios, en las calles, en algunos Congresos y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esta última encabezada por Silvia Castañeda quien, en compañía de Alex Alí Méndez Díaz, esperamos que el máximo tribunal reconozca que en nuestra Constitución el derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad incluye la asistencia médica para morir a través de sus dos modalidades: la eutanasia y el suicidio asistido.
Esta conversación también nos ha exigido revisar la garantía de todo el continuum de la atención médica al final de la vida, que son: el acceso a la voluntad anticipada, el rechazo a tratamientos y los cuidados paliativos. La regulación actual de, al menos, la voluntad anticipada no permite que esta pueda ser ejercida de forma universal y gratuita; por ahora está en manos de los Notarios y de algunos servicios de salud en la Ciudad de México que tienen disponibles formatos para ser llenados por pacientes terminales.
De ahí que como coalición estamos proponiendo iniciativas que contemplen una mejora en la accesibilidad y gratuidad de estos servicios, que brinden al personal de salud certezas para su actuar y que eliminen cualquier atisbo de criminalización.
La existencia del tipo penal que prohíbe la asistencia médica para morir no ha traído justicia a ninguna persona; en realidad ha generado condiciones para que en la clandestinidad solo las personas privilegiadas puedan acceder a ello pagando altas sumas económicas, y otras no puedan acceder o sean estafadas buscando terminar con su sufrimiento.
Nos interesa que la reforma que pase entienda la nueva configuración del Sistema Nacional de Salud, pues actualmente IMSS ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, ISSFAM y Pemex son instituciones que se rigen por las leyes federales, mientras que los servicios privados y las instituciones públicas de salud estatal se rigen por las locales. De ahí la importancia de que se apruebe en la federación para lograr que se garantice el mayor acceso posible.
En el último mes se han hecho dos foros en la Cámara de Diputados federal para hablar del tema, se está a la espera de las opiniones técnicas de la Secretaría de Salud pero, como dice Samara, los tiempos legislativos no son los tiempos de los pacientes, tampoco los tiempos judiciales.
Sin embargo, aquí estamos a pie de lucha, en todas las vías y espacios exigiendo nuestros derechos. Espero que muy pronto sea una realidad para todes.
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crs
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