En las redes sociales más conocidas hay cientos de videos que han dejado un testimonio atroz, y que estamos normalizando, de grupos de personas que, aparentemente por hacer un bien, violan la libertad y otros derechos humanos de las personas adultas. Me refiero a grupos como la Patrulla Espiritual, que tienen miles de seguidores por mostrar cómo “salvan” a personas de su consumo problemático de sustancias.
Estos grupos, que tienen espacios físicos a los que llaman anexos, centros de rehabilitación o granjas, anuncian que pueden tratar “adicciones” y condiciones de salud mental como el autismo, la depresión o esquizofrenia; que pretenden cuidar a personas adultas mayores o bien a niñas, niños y adolescentes. Solo basta una llamada de alguna persona que diga ser el familiar y pagar sus costos para que armen todo un operativo en el que se priva a las personas de la libertad, sin su consentimiento.
Una vertiente de estos grupos, que en su mayoría tienen un corte religioso con el que buscan justificar un tratamiento de salud mental especializado, han encontrado un espacio para también violentar a las personas LGBTIQNB+, pues, basadas en sus creencias, hacen creer a sus familiares que sus “adicciones” (aunque no las tengan) o su condición mental (aunque no exista) es lo que originó que no tengan una orientación sexual o una identidad sexual “normal”.
Los anuncios de estos espacios se encuentran en cualquier lugar: paredes, baños públicos, transportes públicos. No es difícil dar con uno que se adapte a las necesidades de las familias que —preocupadas por el consumo problemático, por no tener un sistema de cuidados, por no contar con las herramientas para acompañar procesos de salud mental o también por ignorancia— caen en estas redes que prometen salvar a su familiar. Si estos espacios existen, es porque el Estado está fallando en sus obligaciones para dar herramientas y acompañamiento a las familias y personas que lo necesitan.
La dolorosa prueba de esto la acabamos de ver en Baja California, en donde la Patrulla Espiritual privó de su libertad a una mujer trans, aparentemente con un uso problemático de sustancias. Al parecer, con el permiso de la familiar —que legalmente no tiene valor porque es una persona adulta— la Patrulla le cortó el cabello y cambió su vestimenta a una masculina. Esta vejación pública es lo que conocemos como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género) y es una violación a los derechos humanos.
Desgraciadamente, el abordaje de las ECOSIG en México se ha enfocado solo en el derecho penal, con un delito mal planteado que sólo puede ejercerse cuando la persona adulta afectada presenta su querella ante el Ministerio Público; además, las penalidades son tan bajas que puede terminarse el problema sin siquiera llegar a juicio. Otro de los asuntos preocupantes es que el delito difícilmente alcanza a afectar a los dueños de estos espacios y vincula directamente solo a la familia, que a lo mejor hasta fue engañada por ellos. Además, hay un vacío jurídico sobre la regulación de las asociaciones religiosas o sociedad civil de corte religioso que les permite instalar estos lugares sin mayor supervisión del Estado.
No obstante, existen otros delitos que son aplicables como privación de la libertad, tortura, lesiones o violación, dependiendo el caso, y que para este asunto ameritaban esa intervención del Estado.
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