A cinco años de haber perdido su acreditación en las urnas, el proceso para extinguir por completo al otrora partido político Encuentro Social de Hidalgo (PESH) continúa abierto. Así lo confirmó el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño durante la primera sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), celebrada este viernes, donde se presentó el estatus actual de los recursos financieros, humanos y materiales del organismo.
El informe detallado, elaborado por la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, revela que la interventoría a cargo del caso mantiene un trabajo constante para cerrar las cuentas pendientes. Con un corte actualizado al mes de mayo de 2026, la autoridad fiscalizadora ha presentado un total de 31 informes que desglosan minuciosamente la existencia de activos, los pasivos que aún quedan por liquidar, así como la situación jurídica de las demandas interpuestas en contra de la extinta fuerza política.
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El camino legal para dar carpetazo definitivo al partido ha requerido una compleja estrategia jurídica. De acuerdo con Alcalá Montaño, se tiene el registro de diez expedientes jurisdiccionales en materias civil y laboral. De este universo, cinco ya concluyeron mediante una resolución formal y tres se resolvieron a través de convenios mutuos; sin embargo, dos casos todavía permanecen en un estatus subyúdice.
A la par de estos juicios, la interventoría ha tramitado cuatro procedimientos adicionales que involucran a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sumado al seguimiento que se le da a una carpeta de investigación.
El destino de los recursos económicos del PESH también ha requerido de la intervención de las autoridades federales electorales. Para resolver la situación de la cuenta bancaria del instituto, el IEEH formuló dos consultas específicas al Instituto Nacional Electoral (INE). Dichas resoluciones ya fueron notificadas a la interventoría para su conducción y seguimiento, permitiendo que se inicien las gestiones correspondientes ante la institución bancaria involucrada.
Dichas gestiones resultan fundamentales para que la interventoría pueda presentar el informe final de liquidación, según explicó el consejero electoral. Cabe recordar que la caída de este instituto político comenzó tras los comicios del 6 de junio de 2021, fecha en la que el partido no logró obtener el porcentaje de votación indispensable que exige la ley para conservar su acreditación, dando inicio a un largo y minucioso proceso de disolución que, a día de hoy, sigue sin concluir.
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