Difícilmente alguien podría estar en contra de la bandera que ha enarbolado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña rumbo a Palacio Nacional y que maximizó ya instalado como jefe del Ejecutivo: el combate a la corrupción. Ese ha sido un cáncer que ha carcomido a la gran mayoría de las instituciones de este país. El cerrar la llave al derroche de funcionarios que vivieron a costillas del erario, recortar salarios, prestaciones y bonos estratosféricos, es un punto que nadie le puede escamotear al tabasqueño.
Hay dependencias u organismos públicos en donde el cáncer se convirtió en metástasis, aún a nivel federal, pero más marcadamente a nivel municipal y estatal. Es de aceptar también que el funcionario corrupto existe porque el ciudadano lo acepta, lo tolera e incluso lo incentiva al ofrecer un pago extra, en efectivo o en especie, por obtener tal o cual servicio, agilizar un trámite, ganar un contrato, etc. Habrá quien quiera justificar estas acciones argumentando que de lo contrario las cosas administrativas no avanzan. De todos modos eso es corrupción.
No obstante, la gran asignatura pendiente del gobierno lopezobradorista es el castigo ejemplar a quien hizo de esta práctica su modus vivendi, sobre todo a aquellos que mediáticamente le han servido al Mandatario para acrecentar su imagen de intolerante con los corruptos. Porque de nada sirve pregonar contra este mal si no va acompañado de una consecuencia ejemplar. El corrupto existe hasta que la impunidad lo permita.
Ejemplos sobran. El más reciente es el caso del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien a pesar de haber sido acusado de lavado de dinero, fue prácticamente exonerado al ofrecer éste la devolución de 216 millones de dólares, pero no en una sola exhibición, sino en 3 cómodas anualidades. El hombre dejó el reclusorio a bordo de una camioneta y con puro en mano.
Otro caso muy sonado mediáticamente fue el del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, acusado de lavado de dinero y sobornos por el caso Odebrecht. Su captura en España y posterior extradición a México hicieron pensar que el golpe demoledor contra la corrupción estaba por consumarse. Se difundieron videos de maletas llenas de dinero entregadas a personal de la Cámara de Diputados como parte de lo que el ex priista estaba “cantando”. Pero, el encanto se acabó, cuando al mismo tiempo surgieron videos del hermano del ex Presidente recibiendo sobres de dinero, “aportaciones” diría AMLO, para su campaña.
Lozoya se acogió al criterio de oportunidad, que lo obliga a revelar a la FGR todo el entramado de corrupción que hubo en torno al caso Odebrecht. Ya han pasado nueve meses de que llegó a México, de que goza de prisión domiciliaria y nadie habla de él.
Carlos Romero Deschamps, el ex secretario general del sindicato petrolero, señalado y en algunos casos evidenciados por la vida de rey que se dio mientras gozó de las mieles del poder, se fue a su casa tras un “exhortó” que le hizo la actual administración federal. A sus 77 años, el hombre podrá disfrutar de la fortuna que acumuló sin que nadie ni nada lo impida.
Son solo tres casos de administraciones pasadas, que se suman a los de esta administración: Pío López Obrador, que recibía dinero en sobres, “aportaciones” dijo su hermano el Presidente o las casas no declaradas de Manuel Bartlett.
El no castigar a los corruptos, dejarlos que se regodeen con puro en mano, disfrutando de una vida similar a la que tenían antes de ser señalados como corruptos, podría ser sinónimo de complicidad.
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.jornada.com.mx
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