Pese al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, la ministra Lenia Batres insiste por tercera vez en reducir más del 50 % las indemnizaciones a víctimas de accidentes.
La Asociación de Protección a Víctimas de Accidentes (Aproviac) informó por medio de un comunicado que el próximo miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto de la ministra Batres que propone disminuir significativamente las compensaciones que reciben las familias de quienes mueren en accidentes, así como las víctimas que sufren incapacidad permanente.
El asunto ya había sido listado en dos ocasiones previas. La primera, el 2 de octubre de 2025, cuando la ministra solicitó retirarlo tras las críticas públicas y las dudas expresadas por varios ministros. En esa ocasión, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que analizarían el tema con mayor profundidad antes de fijar un criterio.
La asociación civil recordó que el tema incluso llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue clara al señalar: “La Suprema Corte no debe cambiar lo que establece la ley respecto al cálculo de las indemnizaciones, porque la Corte no puede legislar.”
Pese a ello, Batres volvió a presentar el mismo proyecto al Pleno por tercera ocasión. Su planteamiento es que, aunque el Código Civil establece que las indemnizaciones por muerte o incapacidad deben calcularse con base en salarios mínimos, se utilice la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que reduciría en más del 50 % las compensaciones.
Aproviac hizo patente que la insistencia ha generado críticas de especialistas, organizaciones de víctimas e incluso de la propia presidenta de la República. “La discusión pondrá a prueba la promesa de la nueva Corte, que al iniciar funciones el 1 de septiembre de 2025 aseguró que construiría una justicia más humana, cercana a las familias y sensible a los más vulnerables”.
Y agregá: “lo que la Corte decida marcará un precedente nacional, pues definirá el parámetro con el que se calcularán las indemnizaciones por muerte o incapacidad en todo el país. Los accidentes no distinguen edad, clase social ni lugar de residencia: pueden afectar a cualquier familia”.
Por último, Aproviac hizo un llamado urgente a visibilizar la trascendencia de esta discusión, subrayando que una justicia realmente cercana a la gente debe fortalecer los derechos de las personas, no restringirlos. “Las víctimas merecen reparación, dignidad y justicia. No menos.”
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