La violencia que ha sacudido a Tula en las últimas semanas no es un accidente ni un brote espontáneo de criminalidad. Es la herencia de un sistema político que durante años convirtió al huachicol, al narcomenudeo y al robo al transporte de mercancías en su caja chica.
Durante décadas, los gobiernos priistas de la región vieron en la ubicación estratégica de Tula —con su red de ductos, autopistas y la refinería Miguel Hidalgo— una oportunidad no solo para el desarrollo económico, sino para hacer negocios con el crimen organizado, bajo el amparo de la omisión o la complicidad.
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Así, lo que pudo ser un corredor industrial sólido se convirtió en un bastión criminal. Las bandas se fortalecieron, tejieron redes, compraron silencios y pusieron a sus peones en oficinas públicas. Todo eso con la mirada desviada de autoridades locales, estatales y federales.
En esta administración esa dinámica empezó a romperse. Dos de los líderes de esas células delictivas están presos y uno más fue abatido por elementos de la Marina en el Estado de México. La estrategia actual no solo ha sido más frontal, también ha apostado por la inteligencia táctica y el debilitamiento financiero de las estructuras criminales.
Pero el trabajo no está terminado. Quedan cabecillas, operadores, redes de lavado y rutas por donde aún fluye el dinero sucio. Y si no se actúa con la misma firmeza, esos remanentes podrían reorganizarse y volver a someter a Tula con extorsiones, amenazas y sangre.
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Además de reforzar la seguridad pública, hace falta algo más: investigar a los políticos del régimen anterior. Los que protegieron, se beneficiaron o pactaron con el crimen deben rendir cuentas. Porque mientras no se rompa ese nexo entre política y delincuencia, Tula seguirá atrapada en un ciclo de impunidad.
La paz no llega solo con operativos. Se construye también con justicia y memoria.
mho
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