En poco más de un año y medio del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) autorizó una oleada de nuevos juicios con pena de muerte contra al menos 42 acusados en 34 casos, y superó los 38 procesos presentados durante los cuatro años de su primer periodo, reportó The intercept.
Los titulares de la Fiscalía General de la administración Trump, Pam Bondi y el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, han presionado para que se impongan nuevas penas de muerte, incluso en estados que han abolido las ejecuciones como Nuevo México, Colorado y Maryland; así como en jurisdicciones sin tradición de pena capital, como las Islas Vírgenes.
El 73 por ciento de los acusados son personas de color, la mayoría de ellas negras, según datos de registros legales y datos del DOJ y del Proyecto Federal de Juicios por Pena Capital, en medio de un sistema federal en el que las disparidades raciales han sido ampliamente documentadas durante décadas, destacó el reportaje.
Los sentenciados a muerte bajo la administración Trump “han sido acusados de crímenes atroces, desde tiroteos masivos hasta asesinatos relacionados con pandillas”.
En 2021, en los meses previos a terminar su primer periodo, el gobierno del republicano llevó a cabo una oleada de ejecuciones sin precedente, en un semestre, durante la pandemia, 13 personas fueron asesinadas en la cámara de ejecución federal de Terre Haute, Indiana; opuesto a la administración del ex presidente Joe Biden, quien suspendió casi por completo los juicios por pena capital y conmutó 37 sentencias al dejar el cargo.
De acuerdo con la investigación, la ira contra las medidas de su predecesor fue lo que motivó al republicano a impulsar la creciente búsqueda de nuevas sentencias de este tipo.
“Se espera que los fiscales federales soliciten la pena de muerte en casos que involucren el asesinato de un agente del orden público y delitos capitales cometidos por extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, ordenó Bondi cuando fue nombrada fiscal General.
Instruyó a los fiscales priorizar los casos capitales que involucraran a miembros de pandillas y personas acusadas de delitos internacionales de narcotráfico.
Asignó al DOJ a revisar cada caso en que la administración Biden se negó a solicitar la pena de muerte. Tras la revisión de cientos de estos casos los fiscales solamente presentaron una notificación de intención contra 15 acusados, de los cuales 13 fueron rechazadas y tres siguen en espera de respuesta.
Trump reiteró su compromiso con la pena capital, cuando Blanche llegó a la fiscalía en abril, y publicó el informe “Restaurar y fortalecer la pena de muerte federal”, de la Oficina de Política Jurídica, que detalló los planes del mandatario para aumentar las condenas a muerte y acelerar las ejecuciones.
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