La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como inconstitucionales las reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo respecto a la nueva asignación de sindicaturas y regidurías en los municipios con menos de 20 mil habitantes.
En la Opinión de Acción de Inconstitucionalidad que emite el Tribunal en respuesta al medio de impugnación promovido por el Partido Somos contra el Decreto 723-LXVI, aprobado por el Poder Legislativo y publicado por el Ejecutivo, ambos de Hidalgo, se señala una desventaja en las votaciones al interior de los cabildos de municipios con menor población.
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Según se detalla, la distribución en estos ayuntamientos quedará integrada con una sindicatura, cuatro regidurías de mayoría relativa y tres de representación proporcional, esto, otorga ventaja al partido que encabece la planilla, al obtener de manera automática seis de nueve cargos, equivalentes a dos terceras partes del cabildo, es decir alcanzaría la mayoría de votos.
Esto afectaría, principalmente en acuerdo donde se requería de las dos terceras partes de los integrantes de los ayuntamientos para dictar resoluciones, las cuales van principalmente relacionadas con el patrimonio inmobiliario municipal o en la celebración actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo de la administración.
“En un órgano plural, ese consenso supone, normalmente, la concurrencia de alguna de las fuerzas que no obtuvieron el triunfo”.
En las reformas aprobadas por el Congreso del Estado en septiembre pasado, la asignación de regidurías y sindicaturas en los municipios con población de entre 20 mil a 50 mil habitantes quedó con una sindicatura de mayoría relativa, cinco regidurías de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional.
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En tanto que en los municipios que tengan una población de más de 50 mil habitantes, contarán con una sindicatura de mayoría relativa, así como ocho regidurías de mayoría relativa y siete de representación proporcional, en ambos casos, las reformas se consideraron constitucionales.
Aunque el partido también controvirtió la exigencia de acreditar la discapacidad mediante certificado o constancia médica para personas que busquen acceder a una candidatura, la Sala Superior resolvió que ello no impone una carga desproporcionada o discriminatoria a las personas con discapacidad que aspiran.
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crs

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