La diputada local Tania Meza Escorza, cuestionó las reformas aprobadas con mayoría de votos a la Ley de Bienes del Estado para establecer una vigencia máxima de cuatro años a los contratos de comodato de bienes inmuebles propiedad del Estado y facultar a la Oficialía Mayor a realizar las evaluaciones para determinar la continuidad.
La legisladora calificó las reformas como un atropello para el trabajo de la sociedad civil porque la evaluación que se hará de los inmuebles la hará personal de la Oficialía Mayor, cuando lo que se requiere es que sea personal especializado, “no es nada más llegar con una lista y ver qué se cumple y que no se cumple” expresó.
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Durante la sesión ordinaria, la diputada María del Rosario Guerrero Martínez expuso que estas modificaciones no solo establecen que los contratos de comodato celebrados sobre bienes inmuebles de dominio privado del Estado tendrán una vigencia máxima de cuatro años, sino que contarán con opción a renovación.
En este caso, será la Oficialía Mayor la que determinará la continuidad, previa evaluación del cumplimiento de los fines sociales que motivaron su otorgamiento, los informes y reportes presentados, la conservación y aprovechamiento del inmueble y las necesidades de la administración pública estatal.
Para ello, las asociaciones o instituciones privadas que reciban bienes inmuebles deberán presentar anualmente un informe de actividades realizadas, así como un reporte general sobre su estado físico, las acciones realizadas para su conservación y mantenimiento, así como su aprovechamiento.
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Finalmente, Tania Meza Escorza cuestionó que estas modificaciones legales puedan tener un trasfondo político con el fin de afectar a organizaciones civiles.
El dictamen fue aprobado con 21 votos a favor y cinco en contra de la diputada Tania Meza Escorza, Cynthia Citlali Delgado Mendoza, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Claudia Lilia Luna Islas y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante.
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