La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que una fracción de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) recurriera al bloqueo de carreteras, pese a que el gobierno federal mantenía abiertas las mesas de negociación con los transportistas. La mandataria sostuvo que el diálogo continúa disponible, pero advirtió que no puede utilizarse para defender privilegios de un pequeño grupo de grandes empresas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó su extrañeza por la decisión de realizar movilizaciones cuando ya existía un canal de comunicación con las autoridades federales. En las conversaciones participaban funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el titular de Hacienda, Edgar Amador, y el responsable de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño.
La presidenta señaló que las puertas del gobierno han permanecido abiertas para atender las demandas del sector del autotransporte de carga. Por ello, cuestionó cuál era la razón para bloquear las vialidades mientras continuaban las negociaciones.
Sheinbaum cuestiona bloqueos del sector de Canacar
La mandataria explicó que las movilizaciones y los bloqueos suelen presentarse cuando no existen respuestas a las demandas o cuando las autoridades no han abierto un canal de comunicación. Sin embargo, señaló que, en este caso, las conversaciones ya estaban en marcha.
En ese contexto, destacó que le llamó la atención una reunión que representantes del sector sostuvieron tres días antes del paro con Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al ser cuestionada sobre si consideraba que la movilización tenía una intención política, Sheinbaum respondió: “Solo doy los hechos”.
Con esa declaración, la presidenta expuso la coincidencia entre el encuentro con el dirigente priista y la posterior decisión de un grupo de transportistas de realizar bloqueos, sin afirmar de manera directa que existiera una motivación partidista detrás de las protestas.
Sheinbaum también puntualizó que la movilización no representa a la totalidad del autotransporte de carga, sino a una parte del sector. De acuerdo con su explicación, la mayoría de las empresas no se encuentra en la misma situación que el grupo que cuestiona los cambios fiscales.
¿Por qué protestan los transportistas?
Uno de los puntos centrales de la inconformidad está relacionado con la deducibilidad del pago de peajes carreteros, un mecanismo fiscal que permite a las empresas descontar determinados gastos al calcular sus obligaciones tributarias.
Según lo expuesto por la presidenta, la Secretaría de Hacienda decidió reducir el límite de deducibilidad de 300 millones a 250 millones de pesos. El cambio afecta principalmente a un grupo reducido de grandes empresas, mientras que la mayoría de los transportistas conservaría el beneficio en las condiciones que les corresponden.
La diferencia entre ambos límites es de 50 millones de pesos. La discusión se centra en el monto que determinadas compañías pueden deducir por concepto de peajes y en el costo que ese beneficio representa para las finanzas públicas.
El sector inconforme cuestiona la medida, mientras que el gobierno federal sostiene que mantener el límite anterior favorecía a un grupo reducido de compañías con una capacidad económica considerable.
Gobierno señala costo de cinco mil millones de pesos
Sheinbaum argumentó que conservar el tope de 300 millones de pesos implicaría mantener beneficios fiscales para grandes empresas, con un costo estimado de cinco mil millones de pesos.
La presidenta defendió la reducción del límite al señalar que no se trata de retirar de manera generalizada los beneficios a todos los transportistas, sino de modificar las condiciones para un conjunto específico de empresas.
La discusión coloca en el centro del debate la relación entre los costos operativos del autotransporte de carga, los incentivos fiscales y la recaudación pública. Para las compañías, los gastos de operación forman parte de sus actividades cotidianas; para el gobierno, las deducciones también deben revisarse en función de su impacto sobre los recursos públicos.
En ese escenario, la administración federal sostiene que las modificaciones no afectan de la misma manera a todas las empresas del ramo y que la mayoría de los transportistas no enfrenta el mismo impacto que las grandes compañías señaladas por la mandataria.
Sheinbaum insiste en mantener las mesas de negociación
La presidenta reiteró que las autoridades federales están dispuestas a escuchar las demandas de los transportistas y mantener las conversaciones para atender los asuntos pendientes. No obstante, cuestionó que se recurra a los bloqueos cuando ya existe una mesa de diálogo con funcionarios de distintas dependencias.
La participación de Gobernación, Hacienda y la Guardia Nacional en las conversaciones reúne a las áreas involucradas en la atención de las demandas, los aspectos fiscales y las condiciones de seguridad relacionadas con las carreteras.
Los bloqueos carreteros pueden afectar el traslado de mercancías, los tiempos de entrega y la circulación de automovilistas, además de generar complicaciones para las actividades comerciales. Por ello, las negociaciones entre las autoridades y los representantes del autotransporte son relevantes para encontrar mecanismos de atención sin prolongar las afectaciones a quienes utilizan las vías de comunicación.
Al referirse a la postura del gobierno, Sheinbaum resumió su posición con la siguiente advertencia: “El diálogo está abierto, pero lo que no puede haber es la defensa de privilegios”.
La mandataria mantuvo así su señalamiento contra la fracción de Canacar que decidió movilizarse, al tiempo que defendió la decisión de Hacienda sobre el límite de deducibilidad de los peajes y sostuvo que la mayoría de las empresas del autotransporte de carga continuará contando con el beneficio fiscal correspondiente.
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