Integrantes del Ayuntamiento de Tulancingo rindieron este lunes su segundo informe de actividades, donde Dora Luz Guzmán Flores y el síndico procurador hacendario, Pedro Hiram Soto Márquez, cuestionaron decisiones, gastos y procedimientos de la administración municipal encabezada por la alcaldesa Lorena García Cázares.
Durante el acto, mientras algunos integrantes del Cabildo destacaron la importancia de trabajar de manera conjunta y reconocieron las acciones emprendidas por el gobierno municipal, Dora Luz Guzmán Flores y Pedro Hiram Soto Márquez aprovecharon el ejercicio de rendición de cuentas para señalar presuntas irregularidades y cuestionar la falta de apertura para discutir las propuestas de los integrantes del Ayuntamiento.
La regidora Dora Luz Guzmán Flores señaló que no todas las iniciativas presentadas ante el Cabildo han recibido la atención o aprobación que, desde su perspectiva, requieren las necesidades de la ciudadanía.
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Además, durante la sesión informativa, Pedro Hiram Soto Márquez presentó algunos de los resultados de la revisión de la cuenta pública, donde mostró diversos hallazgos que, dijo, deberán ser aclarados por las áreas correspondientes.
Entre los principales señalamientos del síndico se destacó el uso de recursos de la partida de apoyos sociales durante el ejercicio fiscal 2025, los cuales, de acuerdo con su informe, habrían sido utilizados para otorgar un bono de 200 mil pesos a algunos integrantes del Ayuntamiento, además de beneficiar a familiares, amigos y personas allegadas.
También señaló casos de apoyos otorgados a personas que viven en un mismo domicilio, habitantes de otros municipios y trabajadores de la propia Presidencia Municipal, además de personas que, desde su perspectiva, no cumplían con el criterio de necesitar dichos recursos.
Soto Márquez afirmó que estas situaciones fueron posteriormente objeto de una observación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo por un monto de 3 millones 800 mil pesos, por lo que consideró que se trata de un asunto que debe aclararse y evitar que vuelva a repetirse.
Otro de los temas expuestos por el síndico fueron presuntas liquidaciones ilegales y excesivas a funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal.
Como ejemplo, mencionó el caso de un exjefe de la oficina de Predial, quien habría ingresado en enero de 2025 y dejado el cargo en junio del mismo año, pero recibió una indemnización cercana a los 70 mil pesos, pese a no haber cumplido, según expuso, con el tiempo requerido para adquirir estabilidad laboral.
Posteriormente, señaló, esta misma persona fue nuevamente contratada en enero de 2026 como director de la Unidad Técnica de Innovación Gubernamental.
También cuestionó una liquidación de alrededor de 109 mil pesos otorgada al entonces titular de Fomento Económico, quien posteriormente asumió la dirección general del organismo operador del agua del municipio.
Cuestionan incremento en gasto corriente
Durante su intervención, Pedro Hiram Soto Márquez también cuestionó la forma en que se han definido los presupuestos municipales, particularmente por el incremento en la nómina y el gasto corriente.
Señaló que, desde su perspectiva, el presupuesto público debe privilegiar la obra pública, los servicios y las necesidades generales de la población.
Por esta razón, explicó que ha votado en contra de algunas iniciativas relacionadas con los presupuestos de egresos, al considerar que se ha incrementado el gasto corriente en detrimento de los recursos destinados a infraestructura.
Denuncia presunto sobreprecio en compra de drones
Otro de los temas abordados durante el informe fue la participación del síndico en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, donde informó que durante el último año se realizaron 57 procedimientos.
En este contexto, Soto Márquez aseguró haber insistido en el respeto a la legalidad y denunció procedimientos que, desde su perspectiva, han limitado la participación de proveedores.
Entre los casos mencionados destacó la adquisición de drones para tareas de seguridad pública, operación que, afirmó, habría representado un presunto sobreprecio superior a los 2 millones de pesos.
El síndico aprovechó el tema para cuestionar la situación de seguridad en Tulancingo y sostuvo que, además de la adquisición de equipo, es necesario fortalecer el recurso humano y aumentar el número de elementos policiales.
Consideró que la plantilla actual resulta insuficiente para atender las necesidades de seguridad de la población y señaló que sería precisamente en las áreas operativas donde se justificaría incrementar el personal.
Alcaldesa responde y advierte que también revisará el pasado
Al tomar la palabra, la presidenta municipal Lorena García Cázares reconoció el trabajo realizado por los integrantes del Ayuntamiento durante su segundo año de administración y destacó que los informes representan un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.
Afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se hizo, cómo se hizo y qué queda pendiente, y aseguró que no tiene inconveniente en que se revise su administración.
“Soy una persona honesta, soy una persona clara y, sobre todo, precisa. No tengo ningún problema con la rendición de cuentas”, sostuvo.
Sin embargo, la alcaldesa advirtió que también debe revisarse lo ocurrido en administraciones anteriores y cuestionó que únicamente se ponga atención en el actual gobierno.
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García Cázares aseguró que existen casos de recursos que fueron destinados a obras que no se concretaron.
“También hay bonos que no se pagaron y también hay plantas de tratamiento que se pagaron y no se hicieron. Y por eso también daremos cuenta”, afirmó.
La presidenta municipal defendió además su facultad para tomar decisiones al frente del Ayuntamiento, aun cuando éstas no sean del agrado de todos.
En un mensaje final, García Cázares también destacó su respaldo a las mujeres y la importancia de la equidad, al tiempo que respondió a las críticas que ha recibido durante su gestión.
“Pero Lorena presidenta hay para rato”, afirmó.
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