La oposición de 15 ayuntamientos contra la reforma a la Constitución Política del Estado que faculta a los alcaldes a firmar contratos o convenios sin autorización de sus cabildos muestra que el sistema de contrapesos en la entidad aún no está muerto y que dentro de Morena aún hay cierta capacidad de discernimiento y debate.
Es una buena noticia el hecho de que la mayoría de los municipios se hayan opuesto a la reforma impulsada por la mayoría morenista en el Congreso local. Es positivo, porque quiere decir que entre los morenistas todavía hay quienes ejercen su criterio a la hora de tomar decisiones, y no sólo obedecen la línea que les tiran desde la cúpula.
En este espacio he argumentado que la reforma aprobada por el Congreso local el pasado 6 de octubre, y que busca modificar la fracción XV del artículo 141 de la Constitución estatal, es una iniciativa que reduce controles y contrapesos al momento de tomar decisiones que afectan a la ciudadanía, lo que abre la puerta a la corrupción.
El argumento de que con la reforma se busca agilizar el trabajo al interior de los ayuntamientos, al facultar a quienes presidan la alcaldía a celebrar contratos con particulares e instituciones públicas, sin autorización previa del cabildo, no se sostiene.
Tampoco la tesis de que “cuestiones políticas” obstaculizan la firma de contratos. De hecho, una de las tareas de quienes ejercen un cargo público es hacer política: convencer al opositor de que tal o cual decisión es la mejor. Y si no accede, tiene la posibilidad de denunciar ante la opinión pública que la oposición bloquea un contrato que conviene a la ciudadanía.
Quienes impulsan esta reforma, deberían voltear a ver la crisis que aqueja al Instituto Nacional Electoral (INE) y que orilló a la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
El destape de varios casos de corrupción al interior del instituto refleja cómo la ausencia de contrapesos internos en el Consejo General del INE permitió la concentración de poder y la opacidad en contrataciones.
¿Queremos ver replicado en los ayuntamientos lo que está pasando hoy en el INE?
Recordemos que la crisis actual del árbitro electoral se incubó justo después de una reforma que permitió ampliar las facultades de la presidencia del organismo. Fue en abril de 2023, como parte del llamado “Plan B”, cuando se modificaron artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para permitir que quien presidiera el INE pudiera emitir lineamientos y acuerdos administrativos sin necesidad de someterlos a votación del Consejo General.
Antes, cualquier decisión relevante debía pasar por mayoría de los 11 consejeros. Con la reforma, se redujo la obligación de consenso, lo que concentró poder en la figura presidencial. ¿Les suena el argumento de “agilizar procesos” y evitar bloqueos internos?
Por fortuna, luego de que 28 municipios han votado la reforma constitucional estatal, 15 ayuntamientos se han opuesto, frente a 13 que han sufragado a favor.
Sigue nuestro CANAL ¡La Jornada Hidalgo está en WhatsApp! Únete y recibe la información más relevante del día en tu dispositivo móvil.
Deja una respuesta