La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, presentó este martes su cuarto informe de actividades, en un acto al que asistió el gobernador Julio Menchaca Salazar, donde destacó los avances alcanzados durante el último año para consolidar un Poder Judicial.
Ante representantes de los poderes del Estado, integrantes de la comunidad jurídica y servidores públicos, Aladro Echeverría sostuvo que la impartición de justicia enfrenta una etapa de profundas transformaciones, por lo que su administración decidió anticiparse a los cambios y fortalecer las capacidades institucionales para responder a las nuevas exigencias de la sociedad.
A través del programa Justicia Cercana se realizaron 911 audiencias ciudadanas; las áreas de Presidencia gestionaron 3 mil 380 documentos y la Secretaría General brindó más de 37 mil servicios.
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Asimismo, se llevaron a cabo 36 jornadas y mesas de acercamiento por la paz y el bienestar, en las que se atendieron 171 peticiones y se tuvo contacto directo con 445 personas.
En materia jurisdiccional, las magistradas y magistrados resolvieron 4 mil 650 recursos en segunda instancia, mientras que las personas juzgadoras de primera instancia atendieron 51 mil 622 asuntos, resultados que, afirmó, representan miles de historias y personas que acudieron a los tribunales en busca de una respuesta conforme a derecho.
Poder Judicial de Hidalgo destaca nuevos juzgados y avances en justicia especializada
Uno de los principales avances fue la creación de órganos especializados para atender materias de alta sensibilidad. Mediante el Acuerdo General 01/2026 se creó el Juzgado Familiar Especializado, que inició funciones el 3 de agosto, con competencia en asuntos como declaración especial de ausencia por desaparición, presunción de muerte y adopciones, entre otros.
Aladro Echeverría informó que, a pocos días de su apertura, este juzgado ya había emitido más de 10 sentencias.
También destacó la creación del Juzgado Mixto Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres, que entrará en funciones el 1 de septiembre en el Distrito Judicial de Pachuca. Este órgano tendrá competencia en materias penal y familiar, con el propósito de evitar la revictimización y reducir los trámites que enfrentan las mujeres víctimas de violencia.
Explicó que, bajo este modelo, una mujer no tendrá que acudir por separado a un juzgado familiar y a otro penal, sino que podrá recibir atención integral de un mismo órgano jurisdiccional, con una respuesta más coordinada y oportuna.
Otro de los ejes fue la preparación para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Durante el periodo se impartieron 12 cursos de capacitación con la participación de 492 personas y se puso en marcha un diplomado sobre el nuevo sistema procesal civil y familiar.
En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, el Centro Estatal de Justicia Alternativa atendió cerca de 7 mil asuntos, incluyendo servicios de mediación indígena. En los últimos tres años, se han atendido cerca de 25 mil asuntos mediante mecanismos de mediación en sus diferentes modalidades.
En materia de derechos humanos, igualdad y perspectiva de género, se realizaron acciones de capacitación y sensibilización para cerca de 2 mil integrantes de la familia judicial, además de la participación en sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del Comité de Atención a Víctimas.
También se efectuaron 31 cursos de especialización y capacitación en materia de género y se reconoció a 32 mujeres hidalguenses que han destacado en distintos ámbitos y contribuido a romper estereotipos.
La protección de las familias y de la niñez también formó parte de los resultados. Los Consejos de Familia brindaron más de 48 mil servicios especializados, mientras que el Fondo Auxiliar administró más de 186 millones de pesos correspondientes a pensiones alimenticias, con el objetivo de garantizar su manejo transparente y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a profesionalización, se realizaron dos concursos internos de oposición con la participación de 285 personas, de las cuales 40 obtuvieron una plaza como resultado de estos procesos. Además, continuaron programas de maestría y doctorado, así como cursos, talleres y conferencias en temas relacionados con derechos humanos, adolescencia, protección de datos, sistema penal y nuevos modelos procesales.
En materia administrativa y financiera, informó que durante este cuarto año el presupuesto del Poder Judicial aumentó 5.7 por ciento respecto al ejercicio anterior. Además, se gestionaron más de 18 millones de pesos en recursos extraordinarios para proyectos de inversión y se obtuvieron más de 9 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinados a la ampliación del juzgado penalatorio de Pachuca.
También resaltó la modernización tecnológica, con la cobertura del sistema de información jurisdiccional en las materias civil, familiar y mercantil en los tres distritos judiciales que faltaban, con lo que se alcanzó el 100 por ciento de cobertura estatal.
En materia laboral, se obtuvo una ampliación presupuestal superior a 44 millones de pesos, destinada a mejorar las condiciones de las personas trabajadoras del Poder Judicial. Asimismo, se homologaron 929 plazas de los niveles 3, 4, 5 y 6 al nivel 7, además de la creación de 120 plazas de confianza.
Respecto a transparencia, durante el periodo se atendieron 258 solicitudes de acceso a la información, de las cuales solamente tres fueron impugnadas y ninguna resultó procedente, lo que representó un 100 por ciento de efectividad en las respuestas. El Comité de Transparencia celebró 98 sesiones y resolvió 129 asuntos.
En infraestructura, se informó que durante los últimos tres años se han realizado 25 obras, que representan más de 10 mil metros cuadrados construidos, ampliados o remodelados, además de la modernización de sedes judiciales y la incorporación de nuevas salas de oralidad.
Al cerrar su mensaje, Rebeca Aladro afirmó que el objetivo de su administración ha sido consolidar una institución que escuche, comprenda y proteja a las personas, bajo los principios de independencia, imparcialidad, integridad y respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció el trabajo realizado por la magistrada presidenta, magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal del Poder Judicial, al considerar que la impartición de justicia es un elemento fundamental para generar certeza jurídica y confianza en Hidalgo.
El mandatario destacó que la seguridad y la certeza jurídica son factores indispensables para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer la actividad económica, además de reconocer la complejidad y responsabilidad que implica la función jurisdiccional.
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