La protección del medio ambiente y los efectos del cambio climático podrían ocupar un lugar más importante en las decisiones judiciales de Hidalgo. La magistrada Rebeca Aladro Echeverría propuso incorporar estos temas a la agenda de los tribunales y fortalecer la preparación de quienes imparten justicia.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo presentó este planteamiento durante el encuentro internacional “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, celebrado en el Vaticano, donde especialistas y representantes de órganos judiciales analizaron los retos que el deterioro ambiental plantea para los derechos humanos.
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Su propuesta busca que los asuntos relacionados con el medio ambiente no se limiten a una sola área del derecho, sino que sus efectos también puedan analizarse en casos civiles, familiares, mercantiles y administrativos.
La propuesta que busca cambiar la forma de impartir justicia
Durante su intervención, Aladro Echeverría señaló que reconocer el derecho a un clima sano como un derecho humano implica preparar a las personas juzgadoras para identificar cómo los daños ambientales pueden afectar otros derechos.
Para avanzar en esa dirección, planteó que especialistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas compartan herramientas legales y criterios que puedan aplicarse en el trabajo judicial.
Entre las referencias mencionadas se encuentra la Opinión Consultiva OC-32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con el cambio climático y las obligaciones en materia de derechos humanos.
¿Qué cambiaría en los tribunales de Hidalgo?
Uno de los ejes centrales de la propuesta consiste en organizar mesas de trabajo con juezas y jueces locales para estudiar casos prácticos y analizar cómo los daños al entorno pueden tener consecuencias jurídicas en distintas materias.
Además, la magistrada planteó establecer un programa permanente de capacitación en justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático dentro del Poder Judicial estatal.
La intención es fortalecer las herramientas de análisis de quienes resuelven controversias y facilitar que los criterios jurídicos en materia ambiental se traduzcan en una protección efectiva de los derechos de las personas.
Los derechos de las próximas generaciones también entran en el debate
La propuesta también incorpora una perspectiva de vulnerabilidad y de protección para niñas, niños, adolescentes y las generaciones futuras.
Aladro Echeverría sostuvo que las decisiones judiciales deben considerar los efectos que las condiciones ambientales actuales pueden tener sobre quienes vivirán en los próximos años.
Durante el encuentro, la magistrada subrayó la importancia de la preparación profesional para aplicar nuevos estándares jurídicos y afirmó: “Ninguna persona juzgadora puede aplicar lo que en realidad no conoce”.
Un encuentro internacional sobre clima y derechos humanos
La reunión fue organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Casina Pío IV de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en Ciudad del Vaticano.
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Participaron integrantes del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU), representantes de órganos judiciales y especialistas de distintas instituciones internacionales.
Entre ellos estuvieron Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU; Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco, integrantes de la junta académica fundadora del instituto organizador, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La propuesta de Aladro Echeverría busca que las discusiones sobre justicia climática se traduzcan en capacitación y herramientas concretas para los tribunales de Hidalgo. Por ahora, el planteamiento se centra en fortalecer la formación judicial y ampliar la perspectiva con la que se analizan los derechos humanos frente a los desafíos ambientales.
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