A una semana del atentado al juez de control penal en Tula Víctor Hugo Matadamas Barranco, se mantienen las mismas interrogantes que al inicio: ¿Quién? Y ¿Por qué?, las investigaciones han sido con cautela por uno de los grupos especializados más experimentados en estos casos, que han permitido la detención de tres presuntos involucrados.
Los responsables de los trabajos han evitado dar a conocer los avances que hasta ahora se tienen, para no generar especulaciones e imprecisiones que puedan generar mayor inquietud entre las víctimas y los trabajadores del poder judicial que no han encontrado claridad y estabilidad, sobre todo en el distrito judicial de Tula.
En un inicio, hubo quien intentó minimizar lo ocurrido y sugirió desviar las causas el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, a temas personales y con ello tratar de evitar la relación de la violencia e inseguridad que se vive en esa región, pero de inmediato voces más sensatas, pidieron no adelantarse ni tampoco cometer imprudencias que incluso afectarán al juez y su familia.
Lo que se sabe hasta ahora, es que ya hubo declaraciones ministeriales por parte de la esposa y del juzgador, que viajaban en el vehículo blanco que tuvo 12 impactos de arma de fuego, ambas coinciden en la forma en que ocurrió el hecho y también en descartar enemigos o amenazas.
En las líneas de investigación esta justamente la que apunta al trabajo profesional de Matadamas Barranco, un hombre con una hoja de servicio intachable e “institucional” de acuerdo con los archivos del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH), con inicios en el municipio de Tulancingo y posteriormente promovido a juez por el impulso de la magistrada Ariadna Maricela Martínez Austria.
Hoy, el reto para el gabinete de seguridad es esclarecer los hechos ocurridos con la mayor celeridad posible, sin sesgos, ni investigaciones a priori, que dejen dudas e impunidad en un caso que ha despertado zozobra y mantiene en tensión a todo un sistema encargado de administrar justicia.
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