Representantes de pueblos y comunidades indígenas de Hidalgo y de otras entidades del país rechazaron la supuesta propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el proceso de consulta impulsado por las autoridades no cumple con los principios de ser libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuado.
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Durante una rueda de prensa, integrantes del Movimiento Indígena Nacional, artesanas y representantes de organizaciones indígenas realizaron un posicionamiento dirigido al pueblo de México, a los pueblos indígenas y afromexicanos, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, legisladores federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.
Entre los asistentes estuvieron César Cruz Benítez, representante del Movimiento Indígena Nacional; Pedro Pérez Doroteo, representante de esta organización en el Estado de México; Maricela Rivas López, embajadora de la cultura ñañu; Santiago Bautista Hernández, representante del Consejo Internacional de la Medicina Ancestral; la maestra Martina García Cruz, artesana de la comunidad de El Mejay, en Chilcuautla, así como Antonia Doñu Ambrosio, maestra artesana y guardiana del bordado ancestral del pueblo hñähñu del Valle del Mezquital.
Los representantes señalaron que la propuesta legislativa, que consta de 453 artículos y 11 transitorios, aborda múltiples materias y no puede ser analizada, debatida y aprobada en reuniones de apenas unas horas.
Cuestionaron que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), haya establecido fechas, metodologías y convocatorias que, aseguraron, fueron impuestas sin respetar los mecanismos tradicionales de deliberación de las comunidades.
Uno de los principales cuestionamientos fue la realización de asambleas regionales y el uso de cuadernillos durante el proceso de consulta, mecanismos que, afirmaron, no forman parte de los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.
Los asistentes defendieron que la máxima autoridad para la toma de decisiones es la Asamblea General Comunitaria, por lo que rechazaron cualquier mecanismo que limite la participación o representación de las comunidades.
Asimismo, manifestaron su preocupación por disposiciones relacionadas con el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, al considerar que ésta no debe depender de dictámenes, padrones o resoluciones administrativas.
También rechazaron proyectos que, desde su perspectiva, podrían afectar territorios, recursos naturales, agua y biodiversidad, entre ellos obras de infraestructura y proyectos energéticos.
En el posicionamiento, los representantes indígenas señalaron que no otorgarán su consentimiento para que las consultas se conviertan en un trámite que permita autorizar proyectos sin el consentimiento real de las comunidades.
Además, cuestionaron la posible subordinación de los sistemas normativos indígenas a tribunales ordinarios y advirtieron que diversas disposiciones podrían afectar el reconocimiento del pluralismo jurídico, la protección del patrimonio cultural y la autonomía de los pueblos.
Los representantes también desconocieron a los consejeros nacionales del INPI, al considerar que no representan a las comunidades indígenas, y solicitaron la destitución del director del instituto, al que acusaron de no rendir cuentas sobre su gestión.
Advierten impugnación contra foros del IEEH
En otro tema, representantes indígenas de Hidalgo anunciaron que analizarán la posibilidad de acudir a los tribunales para impugnar los foros regionales de consulta organizados por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
Argumentaron que el organismo electoral pretende asumir atribuciones que, desde su perspectiva, no le corresponden y señalaron que la consulta a los pueblos y comunidades indígenas debe realizarse conforme al marco jurídico y respetando sus propios mecanismos de organización.
Los inconformes señalaron que en Hidalgo existen más de mil 400 comunidades, por lo que consideraron indispensable garantizar una participación real y adecuada de los pueblos indígenas.
También cuestionaron que los tiempos establecidos por las instituciones gubernamentales no necesariamente coincidan con los tiempos comunitarios, culturales y productivos de los pueblos, relacionados con actividades como la siembra, la cosecha y las asambleas tradicionales.
Indicaron que, en varias comunidades, la representación no puede ser designada de manera unilateral, sino que debe surgir de las propias asambleas comunitarias.
Por ello, hicieron un llamado a los pueblos y comunidades indígenas a analizar los procesos de consulta y rechazar aquellos que consideren que no cumplen con los requisitos legales y culturales.
Reclaman incumplimiento de compromisos en Hidalgo
Durante la conferencia, integrantes del movimiento indígena también reclamaron al gobierno de Hidalgo el incumplimiento de diversos compromisos planteados desde el inicio de la actual administración estatal.
Señalaron que en 2022 entregaron al gobernador Julio Menchaca Salazar diversas propuestas relacionadas con educación indígena, salud con perspectiva intercultural, infraestructura, economía, cultura, justicia indígena, equidad de género, seguridad comunitaria, telecomunicaciones, autonomía, agricultura, deporte y medio ambiente.
Sin embargo, aseguraron que, a más de la mitad de la administración, las comunidades indígenas no han recibido los resultados esperados.
Entre las demandas mencionaron la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios y garantizar el respeto y protección de su patrimonio cultural, particularmente de expresiones como el bordado tradicional del Valle del Mezquital.
Los representantes denunciaron además presuntas inconformidades en municipios como San Salvador, Nopala, Tepeji del Río y otras localidades, donde señalaron que existen reclamos relacionados con obras de mala calidad y falta de atención a las necesidades de las comunidades.
Denuncian amenazas y represión durante manifestaciones
Los integrantes de las organizaciones indígenas también abordaron casos de personas detenidas durante movilizaciones y manifestaciones sociales, entre ellos el de siete personas detenidas en San Salvador.
Señalaron que han recibido amenazas y expresaron su preocupación por lo que calificaron como actos de represión contra integrantes de comunidades que participan en protestas.
Pidieron a las autoridades respetar el derecho a la libre manifestación y evitar el uso de la fuerza contra movilizaciones pacíficas.
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Los representantes indígenas insistieron en que las autoridades deben privilegiar el diálogo con las comunidades y realizar investigaciones antes de proceder contra quienes participan en protestas sociales.
Finalmente, señalaron que las organizaciones indígenas tienen presencia en entidades como Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Sonora, San Luis Potosí, Jalisco y Quintana Roo, entre otras.
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