Empresas que prestaban servicios a la planta de Cemento Cruz Azul en Tula, que se mantiene tomada por un grupo afín al exdirectivo, Guillermo Álvarez Cuevas, enviaron cartas dirigidas a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al gobernador Julio Menchaca, en las que solicitan poner fin al secuestro de la cementera, para así poder recuperar sus centros de trabajo.
Entre las empresas se encuentran cooperativas, asociaciones civiles y sociedades anónimas del sector hospitalario, educativo, comercial, mantenimiento industrial, construcción, explotación de materias primas, entre otras que dependían de la planta ubicada en Tula desde hace 3 años.
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En días recientes la Cooperativa La Cruz Azul emitió un comunicado para dar a conocer que se suspenderá el pago de salarios a los trabajadores de la planta de Tula, que se mantuvo de manera ininterrumpida a pesar de que detuvo su producción desde hace años, lo cual provocó, según la propia empresa, un grave riesgo financiero.
Según un comunicado previo de la Cooperativa, cuando se suspenda el pago de salarios, a partir de 1 de febrero, dejarán de circular alrededor de 100 millones de pesos mensuales en el municipio de Tula de Allende, lo que perjudicará a más de 2 mil 800 trabajadores hidalguenses que no han podido laborar porque sus instalaciones fueron tomadas por un grupo de trabajadores allegados a Álvarez, quien fue detenido por la Fiscalía General de la República el pasado 16 de enero para iniciar su proceso penal en Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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Álvarez está acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
MHO
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