Durante la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria Pública del Ayuntamiento de Pachuca, el Cabildo turnó a comisiones la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la regidora Karla Stephanie Mota Ulaje, mediante la cual propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo con el objetivo de incorporar una tarifa social, crear un fondo de subsidio para la movilidad y ampliar los apoyos a sectores vulnerables.
Al presentar la propuesta, la regidora de Movimiento Ciudadano sostuvo que la movilidad debe entenderse como un derecho y no únicamente como un tema de tarifas o rutas, por lo que consideró necesario que las decisiones sobre el transporte público se construyan con la participación de los distintos órdenes de gobierno, especialistas, usuarios y ciudadanía.
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Mota Ulaje afirmó que actualmente el debate sobre el transporte se ha centrado en cuánto cuesta prestar el servicio, dejando de lado el impacto económico que representan los aumentos tarifarios para las familias hidalguenses.
De acuerdo con los datos expuestos por la edil, las familias del estado destinan aproximadamente uno de cada cinco pesos de su gasto en transporte, mientras que cerca de 650 mil personas utilizan diariamente el transporte público, de las cuales más de 379 mil son trabajadores y alrededor de 269 mil estudiantes.
Entre las principales modificaciones planteadas destaca el fortalecimiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo para establecer criterios objetivos y transparentes en la regulación tarifaria; la creación de un Fondo de Subsidio para la Movilidad destinado a reducir las barreras económicas para los usuarios, así como el fortalecimiento del Sistema de Transporte Convencional para que las decisiones sobre tarifas también se basen en estudios técnicos y socioeconómicos.
Asimismo, la iniciativa contempla la incorporación del artículo 127 Bis, mediante el cual se establecería una metodología para determinar, revisar y actualizar las tarifas del transporte público colectivo y masivo, diferenciando entre una tarifa técnica, basada en los costos reales de operación, y una tarifa social, que considere la capacidad económica de la población, permitiendo la participación del Estado mediante subsidios cuando sea necesario.
La propuesta también busca ampliar las tarifas preferenciales y exenciones de pago para personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños menores de cinco años, personas cuidadoras, así como integrantes de cuerpos de seguridad pública e inspectores de movilidad durante el ejercicio de sus funciones.
Señalan vacíos técnicos y financieros
Durante la discusión, el regidor Manuel Canales Pérez reconoció que la propuesta tiene un propósito legítimo al buscar proteger el derecho a la movilidad; sin embargo, sostuvo que presenta deficiencias técnicas, jurídicas y financieras que impedirían su aprobación en los términos planteados.
Indicó que la iniciativa modifica la Ley de Movilidad y Transporte, pero no contempla adecuaciones a su reglamento, donde actualmente se establece el procedimiento para la regulación tarifaria.
Además, consideró que la propuesta carece de un estudio de impacto presupuestario, requisito previsto en la Ley de Disciplina Financiera y en la legislación estatal, especialmente al plantear la creación de un fondo de subsidios.
Canales Pérez señaló que el sistema de transporte metropolitano ya cuenta con subsidios y que existen beneficios para personas adultas mayores mediante el uso de la tarjeta del INAPAM, aunque reconoció que aún hay problemas para hacer efectivo ese derecho, por lo que llamó al Ayuntamiento a gestionar con el Gobierno del Estado una solución.
También cuestionó la viabilidad financiera de ampliar la gratuidad a nuevos sectores sin establecer cómo se compensaría económicamente a concesionarios y operadores del transporte, advirtiendo que experiencias similares en otros países provocaron retrasos en el pago de subsidios y afectaciones en la operación del servicio.
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