La diputada Citlalli Jaramillo Ramírez y el diputado Roberto Rico Ruiz presentaron una iniciativa para crear la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo para sancionar al soborno, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa o la contratación que tenga beneficios indebidos, entre otros.
La propuesta, señalaron los legisladores, busca regular la actividad que realiza el Estado, así como los municipios frente a las personas gobernadas, bajo un sistema de responsabilidad administrativa de carácter objetivo y directo.
El propósito es establecer aquellas responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, así como de aquellas que intervengan en las funciones, además fija las obligaciones y las sanciones aplicables por las acciones u omisiones en que estos incurran.
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Otras de las faltas que contempla es cuando el servidor público incurra en obstrucción de facultades de investigación el particular, la colusión con uno o más sujetos particulares, uso indebido de recursos públicos o la contratación indebida de personas.
La iniciativa contempla los artículos necesarios para constituirse en uno de los componentes estatales en el combate a la corrupción “al encontrarse en una correcta vigilancia de la medida de regularidad de las leyes ordinarias; previéndose como un instrumento correctivo y de garantía para el buen funcionamiento de las instituciones” señaló Rico Ruiz.
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Dentro de los artículos, se propone imponer sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo no menor de tres meses ni mayor de ocho años, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
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