Lorena García Cázares señaló que desconoce si la plataforma de movilidad cuenta con las autorizaciones estatales necesarias para ofrecer viajes en el municipio.
La operación de la plataforma de transporte privado Pronto en Tulancingo será revisada ante las dudas sobre su situación legal, luego de que la alcaldesa Lorena García Cázares señalara que desconoce si la empresa cuenta con los permisos correspondientes para prestar el servicio de traslado de pasajeros.
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La presidenta municipal sostuvo que cualquier compañía que pretenda ofrecer servicios de movilidad debe cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estatales, especialmente cuando se trata de aplicaciones digitales que funcionan bajo un esquema similar al de Uber.
“Pronto, que yo sepa, no está legal”, expresó García Cázares al ser cuestionada sobre la presencia de esta plataforma en el municipio, donde actualmente se promociona como una alternativa de transporte para los habitantes.
Ante esta situación, la alcaldesa exhortó a los representantes de la empresa a presentar la documentación que acredite su autorización para operar, pues consideró necesario garantizar que los servicios de movilidad se desarrollen dentro del marco legal.
Explicó que la falta de regulación puede ocasionar complicaciones tanto para usuarios como para conductores, principalmente en situaciones relacionadas con accidentes de tránsito, debido a la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad, seguros y responsabilidades de quienes ofrecen los traslados.
Asimismo, indicó que, en caso de que la plataforma cuente con los permisos necesarios, su funcionamiento deberá analizarse en coordinación con las autoridades competentes y los sectores del transporte involucrados.
La declaración de García Cázares ocurre en medio de la controversia generada por el inicio de operaciones de Uber en Pachuca, este lunes 19 de octubre, pese a que la legislación estatal no contempla esta modalidad de transporte mediante plataformas digitales.
Una disputa que ya había encendido las alertas
En el caso de Tulancingo, Pronto anunció desde 2025 su llegada al municipio mediante campañas publicitarias en espectaculares y medios digitales, donde presentó su servicio como una opción de movilidad con tarifas previamente identificadas e información sobre los conductores.
Sin embargo, desde entonces, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) advirtió sobre los riesgos asociados con la operación de aplicaciones que no cuentan con una regulación específica, particularmente por la falta de mecanismos oficiales para verificar el registro de vehículos y operadores.
La autoridad estatal también alertó sobre posibles fraudes relacionados con servicios de transporte ofrecidos mediante plataformas no reguladas, por lo que llamó a la población a considerar las condiciones de seguridad antes de solicitar viajes.
La llegada de Pronto también generó preocupación entre concesionarios del transporte público de Tulancingo y municipios cercanos, quienes manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de que la empresa ofreciera traslados sin cumplir con las mismas obligaciones que los operadores autorizados.
“Nuestra preocupación está en el sentido de que nosotros somos concesionarios del estado cumpliendo con normas de la autoridad. Sabemos que con la plataforma Pronto estarían brindando servicio en Tulancingo, San Bartolo, Agua Blanca, Metepec y Cuautepec”, señalaron transportistas de la región durante 2025.
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Actualmente, la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo no contempla el servicio de transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales como Uber, situación que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de estas aplicaciones.
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth) y el gobierno estatal han advertido que los conductores que presten servicios sin autorización pueden enfrentar procedimientos administrativos, sanciones económicas e incluso el aseguramiento de sus unidades.
Por ello, la alcaldesa de Tulancingo insistió en la importancia de que Pronto acredite su situación legal ante las instancias correspondientes, a fin de evitar conflictos con el transporte concesionado y brindar certeza a quienes utilizan este tipo de servicios.
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