La ley general contra el feminicidio debería contar con aportaciones y propuestas de las organizaciones civiles que trabajan el tema, de las familias de víctimas y de expertas, consideró María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Destacó que la experiencia de esos sectores podría enriquecer la normativa que se emita. La intención es que esta primera ley general contra este delito “esté lo más avalada y ayude a frenar un problema tan grave como el feminicidio en México”.
Aparte, la agrupación Las Constituyentes MX catalogó la generación de esta norma de “gran paso” y demandó que la ley “realmente coloque en el centro a las mujeres víctimas y a sus familias, respetando su dignidad y sus derechos humanos plenos”.
Estrada dijo a La Jornada que también es primordial que la nueva ley fortalezca a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la cual tiene que jugar un papel más activo ante la gravedad de los feminicidios y la impunidad que prevalece.
Esta semana, el Senado aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio que instaure un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país.
Para el OCNF es primordial abatir la impunidad en torno a los feminicidios, y en ese propósito sólo se avanzará “si la ley general tiene dientes o mecanismos para ello. No quiero ser pesimista, pero lo veo muy complicado, porque dependerá de los estados cómo se implemente y se coordinen entre las diversas instituciones de los gobiernos locales con los demás estados y la federación”.
La impunidad, el motor
Las Constituyentes MX añadió que “la impunidad del delito supera 90 por ciento en diversos estados” y criticó que en la exposición de motivos de la propuesta presidencial se “subestime el papel de la impunidad como motor del feminicidio”.
Consideró que la reforma debe facultar al Congreso no sólo a hacer la ley, sino también a garantizar que las alertas de violencia de género tengan “presupuesto vinculante y auditorías externas. Sin dinero etiquetado, la homologación penal es sólo un cambio de redacción”.
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