Toda esta semana estaré trabajando en el Senado de la República y pausaré los recorridos de trabajo en distintas colonias, para cumplir la encomienda legislativa y los compromisos con el pueblo y la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el periodo extraordinario que la semana pasada aprobó convocar la Comisión Permanente, para atender 4 asuntos de transcendencia nacional, especialmente, por los calendarios relativos a los procesos electorales de 2027.
En este periodo, trabajaremos las iniciativas de reforma suscritas por la Presidenta en materia de reforma del Poder Judicial, para modificar la Constitución y armonizar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas. También se discutirán dos iniciativas del diputado Ricardo Monreal para reformar el artículo 41 constitucional y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
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Particularmente, trasciende el debate en torno a la reforma judicial. La oposición ha querido tomar estos ajustes como una especie de crítica exacerbada a la reforma judicial que se logró en 2024, tratando de generar la falsa idea de que fue un fracaso. El problema es que la oposición no quiere entender que esta reforma judicial es histórica: consolidó un derecho al pueblo de México (innovador incluso a nivel internacional y ha sido materia de análisis por otros países). En ese sentido, desde un inicio la reforma previó dos momentos de elecciones, primero en 2025 y otro en 2027; esa idea, fue justo para hacer una transición tersa y permitir trabajar los ajustes necesarios. La cuarta transformación ha sido clara y yo misma lo he dicho en tribuna y comisiones: las normas deben ser eficaces y transitar por un proceso natural de emisión, implementación, revisión de resultados y ajuste. La elección judicial de 2025, permitió a las instituciones identificar aspectos de mejora, como definir la evaluación y certificación de personas aspirantes; también permitió observar las adversidades de cumplimiento que tienen los estados y tratar de permear bases nacionales que faciliten la transicisión estatal.
Estos ajustes son normales en la mayoría de normas. Cuando se emitió en 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo un primer bloque de ajustes en diciembre del mismo 2014 y otros más en 2016 y 2017; es decir, modificar es normal en la vida de cualquier norma, pero parece que la oposición no tiene memoria. Especialmente, en un procedimiento sin precedentes como la elección judicial, es lógico realizar mejoras y ajustes las veces que sea necesario, hasta consolidar el ejercicio democrático para garantizar que elijamos de manera libre y segura a nuestras personas juzgadoras.
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Las reformas de la transformación parten de un proyecto de nación, buscan consolidar un sistema armónico de cambios en todos los rubros: seguridad, justicia, salud, educación, medio ambiente, energía, todos. Por ello, la convicción de trabajar los ajustes que se requieran hasta que estos cambios sean funcionales y benéficos. Con compromiso por Hidalgo, Simey Olvera #SenadoraDelPueblo. Encuéntrame también en X como @ssimey, la paloma de Morena.
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