Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron los operativos para frenar las construcciones irregulares dentro del Parque Nacional El Chico, donde hasta el momento han sido detectados 43 sitios con infraestructura sin autorización. Como resultado de estas acciones ya fueron colocados cinco sellos de suspensión de obra y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) concretó una clausura.
Durante la reunión del Gabinete de Seguridad realizada este martes en Mineral del Chico, el director regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Marco Antonio Castro Martínez, informó que las irregularidades fueron detectadas mediante recorridos permanentes de vigilancia realizados de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales.
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Precisó que las construcciones identificadas corresponden a cercados, lotes, casetas, viviendas y otro tipo de infraestructura que carece de las autorizaciones ambientales requeridas.
En coordinación con la Dirección del Parque Nacional y la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Pachuca se notificó y colocó suspensión a cinco construcciones que se encontraban en proceso, mientras que la Profepa ejecutó una clausura en Mineral del Chico. Además, advirtió que toda obra que no cuente con los permisos correspondientes será denunciada para iniciar los procedimientos administrativos o legales que procedan.
El funcionario explicó que de los 43 sitios detectados, únicamente uno se ubica dentro de la subzona de preservación, considerada la de mayor protección ambiental. Añadió que cada caso se encuentra bajo evaluación técnica para determinar el impacto ocasionado y definir las medidas de restauración que deberán aplicarse.
Respecto a las edificaciones ya concluidas, señaló que una vez finalizados los procedimientos administrativos y los estudios ambientales, las autoridades emitirán las resoluciones correspondientes, las cuales podrían incluir la demolición de infraestructura cuando así lo determine la legislación ambiental.
Por su parte, el encargado de la representación de la Profepa en Hidalgo, Gerardo Pedraza Echeverría, explicó que cada expediente sigue un procedimiento administrativo en el que los propietarios tienen derecho a presentar pruebas y argumentos antes de que se dicte una resolución.
Indicó que las sanciones económicas dependerán del daño ambiental ocasionado y podrán ir de 100 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, desde poco más de 11 mil pesos hasta varios millones de pesos, además de posibles responsabilidades penales cuando existan afectaciones a especies protegidas, flora, fauna o ecosistemas.
Durante la sesión del Gabinete de Seguridad, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, señaló que este órgano salió nuevamente de sus oficinas para atender un tema prioritario para la entidad: el crecimiento de asentamientos e invasiones irregulares dentro del Parque Nacional El Chico.
Explicó que la estrategia busca visibilizar la problemática y fortalecer las acciones de supervisión, regularización y sanción para preservar esta Área Natural Protegida y evitar un mayor deterioro ambiental.
En su intervención, Marco Antonio Castro Martínez recordó que el Parque Nacional El Chico cuenta con una superficie de 2 mil 739.02 hectáreas distribuidas entre los municipios de Mineral del Chico, Pachuca y Mineral del Monte, de las cuales el 86.19 por ciento corresponde a Mineral del Chico, el 12.77 por ciento a Pachuca y el 1.04 por ciento a Mineral del Monte.
Destacó que el objetivo del decreto que protege esta área es conservar los bosques, proteger la biodiversidad y garantizar servicios ambientales como la captación de agua, además de permitir actividades recreativas y turísticas bajo criterios de sustentabilidad.
Asimismo, recordó que al tratarse de un Área Natural Protegida de competencia federal, toda obra o infraestructura requiere autorización previa en materia de impacto ambiental, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Como parte de la estrategia integral, las autoridades presentaron la campaña “Cero construcción sin autorización”, con la que buscan informar a propietarios, habitantes y prestadores de servicios turísticos sobre la normatividad vigente para prevenir nuevas edificaciones ilegales.
Las acciones también contemplan la regularización de infraestructura turística, denuncias por obras irregulares, la actualización de programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como operativos permanentes de vigilancia.
En ese sentido, el director regional de la CONANP informó que 34 prestadores de servicios turísticos 31 personas físicas y tres personas morales iniciaron su proceso de regularización y tendrán como plazo hasta el próximo 30 de septiembre para cumplir con la normatividad federal.
Finalmente, la titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Hidalgo, Jannet Martínez Monzalvo, informó que ya se trabaja con el Ayuntamiento de Mineral del Chico en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo, instrumento que permitirá regular el uso del suelo, orientar el crecimiento urbano y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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