Carlos Simón Mata Vite denunció presuntas irregularidades y omisiones en el Juzgado Primero Familiar de Pachuca, a cargo de la jueza Beatriz Nieto Velázquez, donde desde 2024 mantiene un proceso judicial relacionado con la guarda y custodia de su hijo, actualmente de siete años, sin que hasta el momento se haya resuelto de manera definitiva su situación.
En entrevista con La Jornada Hidalgo, el padre de familia acusó que durante más de dos años ha enfrentado retrasos en la atención de sus solicitudes, incumplimientos en el régimen de convivencia y decisiones judiciales que, desde su perspectiva, no han priorizado el interés superior del menor.
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El procedimiento familiar se encuentra registrado bajo el expediente 932/2024 y su acumulado 1338/2024, mientras que la queja presentada por las presuntas irregularidades en el órgano jurisdiccional quedó identificada con el número 156/2026, según la información proporcionada por el denunciante.
Carlos Simón señaló directamente la actuación de la jueza Beatriz Nieto Velázquez, al considerar que las determinaciones emitidas dentro del procedimiento y la falta de respuesta oportuna a diversas promociones han dificultado que pueda mantener una convivencia regular con su hijo.
Explicó que el conflicto comenzó cuando solicitó modificar el convenio de convivencia establecido tras el nacimiento del niño, mediante el cual únicamente podía verlo una hora los lunes, martes y viernes en el domicilio materno.
De acuerdo con su testimonio, intentó llegar a un acuerdo con la madre para ampliar los periodos de convivencia conforme el niño crecía; sin embargo, ante la falta de consenso, decidió acudir a los tribunales durante 2024.
“Yo hablé con la mamá desde que mi hijo tenía tres años para que se modificaran los periodos de convivencia, pero ella no quiso. Me dijo que lo que se había firmado así iba a ser hasta los 18 años”, relató.
Inicialmente, el procedimiento incluyó una solicitud de modificación de pensión alimenticia, aunque posteriormente se promovió una demanda de guarda y custodia, misma que fue acumulada al expediente que se encontraba en el Juzgado Primero Familiar.
Denuncian retrasos de hasta cuatro meses para responder solicitudes
La abogada María Guadalupe Martín Guadarrama, representante legal de Carlos Simón, explicó que asumió el caso durante 2024 y que, a lo largo del procedimiento, ha presentado diversas promociones e incidentes para modificar el régimen de convivencia.
No obstante, sostuvo que el juzgado encabezado por Beatriz Nieto Velázquez ha tardado entre tres y cuatro meses en emitir acuerdos sobre algunas solicitudes, situación que consideró contraria al derecho de acceso a una justicia pronta.
“Yo llevo 20 años litigando en diferentes estados y nunca me había pasado que se tardaran hasta tres o cuatro meses en acordar promociones”, señaló.
Detalló que, a finales de 2025, el juzgado autorizó provisionalmente que Carlos pudiera convivir con su hijo fuera del domicilio materno, mediante visitas que contemplaban recogerlo los sábados y reintegrarlo los domingos, además de permitirle compartir una fecha de diciembre con él.
Sin embargo, la representante legal aseguró que estas convivencias no pudieron concretarse y que, tras escuchar la opinión del menor, el órgano jurisdiccional determinó establecer un nuevo régimen supervisado en el Centro de Convivencia Familiar de Pachuca.
Según explicó, durante una audiencia el niño manifestó que no deseaba convivir con su padre y realizó señalamientos de presunta violencia física, mismos que Carlos rechazó.
El denunciante sostuvo que sus visitas anteriores se encontraban videograbadas y negó haber ejercido violencia contra su hijo.
Solo pudo convivir una vez con su hijo durante tres meses
De acuerdo con la defensa, el nuevo régimen de convivencia supervisada comenzó en marzo de 2026 y se prolongó hasta junio de este año.
Durante ese periodo, Carlos Simón únicamente logró concretar una visita, debido a que en las ocasiones posteriores el niño manifestó resistencia a ingresar al centro.
El padre atribuyó esta situación a una presunta influencia negativa de la madre sobre el menor, mientras que su abogada afirmó que los informes elaborados por personal especializado del centro recomendaron establecer una red de apoyo para facilitar las convivencias.
La litigante sostuvo que dichos documentos señalan posibles conductas de obstaculización por parte de la madre y que las evaluaciones psicológicas identificaron afectaciones emocionales en el niño.
“Hay una pericial en psicología que señala que la señora ha influenciado de manera negativa en la imagen paterna. El niño presenta ansiedad, depresión y retraimiento social”, afirmó la abogada, al referirse al contenido de los informes que asegura obran en el expediente.
Martín Guadarrama señaló que solicitaron al juzgado establecer mecanismos adicionales para garantizar las convivencias, así como valorar un cambio provisional de guarda y custodia y la designación de una figura de representación independiente para proteger los derechos del menor.
Sin embargo, aseguró que estas peticiones no han prosperado.
Presentan queja por actuación del Juzgado Primero Familiar
Ante la falta de avances que denunciaron, Carlos Simón presentó una queja ante instancias federales, cuyo seguimiento, según explicó su defensa, fue canalizado a autoridades encargadas de la protección de niñas, niños y adolescentes en Hidalgo y posteriormente a un área de control del Poder Judicial estatal.
La abogada informó que el procedimiento se encuentra identificado con el expediente 156/2026 y que el pasado 12 de octubre se realizó una inspección al expediente judicial, como parte de las actuaciones relacionadas con la queja.
“Ya hicieron una inspección judicial a todo el expediente. Estamos en el proceso de ver qué determina Contraloría y qué informa”, manifestó.
Carlos Simón señaló que su inconformidad está dirigida principalmente contra la actuación del Juzgado Primero Familiar y cuestionó las determinaciones de la jueza Beatriz Nieto Velázquez, particularmente por los tiempos de respuesta y las medidas adoptadas para garantizar la convivencia paterno-filial.
Además, acusó presunta parcialidad en el tratamiento de las solicitudes presentadas por ambas partes, señalamiento que deberá ser esclarecido por las instancias correspondientes.
El padre también cuestionó la actuación del abogado de la contraparte, identificado como Julián Oswaldo Hernández Martínez, aunque las afirmaciones sobre posibles vínculos personales o trato preferencial no han sido corroboradas de manera independiente.
La defensa explicó que, además de la queja administrativa, promovió un juicio de amparo ante la falta de respuesta a diversas promociones, tras lo cual comenzaron a emitirse acuerdos sobre solicitudes que permanecían pendientes.
También indicó que existe una denuncia penal relacionada con presunta violencia familiar y afectaciones psicológicas al menor.
Buscan reanudar convivencias y resolver la custodia
Por otra parte, Carlos Simón señaló que recientemente enfrentó dificultades para obtener un exhorto judicial mediante el cual personal de trabajo social pudiera acudir a su domicilio, ubicado en la Ciudad de México, para evaluar las condiciones en las que recibiría a su hijo.
Según relató, el documento tardó más de 20 días en ser entregado, pese a que previamente le habían informado que se encontraba disponible.
Su representante legal adelantó que interpondrá los recursos correspondientes para impugnar la negativa de designar una representación legal independiente para el niño y solicitar nuevamente medidas que permitan garantizar la convivencia paterno-filial.
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Carlos Simón reiteró que su principal petición es que se revise la actuación judicial y se emita una resolución que permita definir la situación de guarda y custodia de su hijo, privilegiando el interés superior del menor.
Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada por los denunciantes, la queja relacionada con la actuación del Juzgado Primero Familiar permanece en investigación, por lo que no existe una resolución conocida que determine responsabilidad administrativa, parcialidad o actos de corrupción atribuibles a la jueza Beatriz Nieto Velázquez o a otros servidores públicos señalados.
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