Organizaciones defensoras de los animales de Hidalgo se sumaron a la postura de la Confederación por los Derechos de los Animales de México para exigir al Senado de la República y a la Cámara de Diputados retirar el dictamen de la nueva Ley General de Bienestar Animal, al considerar que, lejos de fortalecer la protección de los animales, abre la puerta a su sacrificio y representa un retroceso en los derechos que se han conquistado durante décadas.
Durante una conferencia realizada de manera simultánea en 17 estados de la República, representantes de organizaciones como La Jauría de Balú y la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, señalaron que el dictamen contiene disposiciones que permitirían dar muerte a animales bajo circunstancias que, según advirtieron, no están claramente definidas.
Paola Monterrubio, representante de las organizaciones participantes en Hidalgo, sostuvo que la propuesta no constituye una verdadera ley de bienestar animal, sino que podría convertirse en un mecanismo para justificar la muerte de animales.
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“Esto no es una ley de bienestar animal, es un manual para matar”, afirmó, al señalar que el dictamen menciona en 17 ocasiones la palabra “matar” y deja fuera conceptos que, desde su perspectiva, deberían ser fundamentales, como el reconocimiento de los derechos y la dignidad de los animales.
Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones es que el proyecto contempla la posibilidad de sacrificar animales cuando determinadas condiciones no puedan ser resueltas, sin establecer con claridad cuáles serían esos escenarios ni quién tendría la facultad para decidir qué animales deben morir.
También, señalaron, podría permitirse la muerte de animales rescatados cuando no exista un espacio disponible para recibirlos, situación que consideran particularmente grave ante la falta de infraestructura suficiente en distintas entidades.
Las organizaciones advirtieron además que el dictamen eliminaría la figura de los animales comunitarios, lo que podría facilitar redadas y matanzas masivas de perros y gatos que viven en las calles bajo cuidado de habitantes de las comunidades.
“Los animales no son herramientas desechables, son seres sintientes; sus vidas no dependen de la utilidad que les damos las personas”, sostuvo Monterrubio.
Otro de los puntos señalados corresponde a los perros utilizados para guardia, protección, detección de sustancias o localización de personas. Las activistas explicaron que diversas legislaciones estatales contemplan mecanismos para que estos animales, una vez que concluyen su etapa de servicio, puedan ser jubilados y posteriormente adoptados.
Sin embargo, aseguraron que la propuesta federal no contempla de manera suficiente esta posibilidad, por lo que animales que durante años participaron en labores de seguridad podrían terminar siendo sacrificados al dejar de ser considerados útiles.
Las organizaciones también expresaron preocupación por las modificaciones planteadas a la Ley Federal de Sanidad Animal, debido a que, según explicaron, se pretende limitar su ámbito de aplicación a determinados grupos de animales, dejando en una situación de incertidumbre a perros, gatos, animales de compañía y otras especies.
Advirtieron que esto podría generar un vacío jurídico y sanitario respecto a la vigilancia, prevención y atención de enfermedades y zoonosis.
“¿Quién nos protegerá?, ¿quién establecerá las medidas sanitarias?, ¿quién vigilará?, ¿quién sancionará y quién actuará ante una enfermedad?”, cuestionaron.
En este sentido, señalaron que la propuesta debe ser revisada bajo el enfoque de “Sanidad”, que reconoce la relación entre la salud humana, animal y ambiental, particularmente después de la experiencia mundial generada por la pandemia.
Las organizaciones consideraron que México podría estar retrocediendo en materia de protección y sanidad animal y advirtieron que el dictamen tampoco estaría considerando de manera suficiente los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de bienestar y sanidad animal.
En el caso de Hidalgo, las activistas destacaron que la preocupación es mayor debido a los avances alcanzados durante los últimos años. Recordaron que el estado aprobó una reforma constitucional mediante la cual los animales son reconocidos como seres sintientes y sujetos de tutela, lo que implica obligaciones tanto para las autoridades como para la ciudadanía.
Por ello, consideraron que una legislación federal no debería desconocer los avances alcanzados en las entidades federativas ni establecer disposiciones que representen un retroceso.
Hidalgo enfrenta rezago en atención de casos de maltrato
Durante la conferencia, Alba Luisa Jiménez, representante de la asociación La Jauría de Balú , alertó sobre el incremento de casos de maltrato y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia en Hidalgo.
Indicó que existen alrededor de 22 carpetas de investigación relacionadas con delitos contra animales que permanecen detenidas y sin avances, mientras que en algunos casos los cadáveres de animales víctimas de violencia han permanecido durante semanas bajo resguardo de sus propios tutores debido a la falta de mecanismos adecuados para su atención.
Señaló que Mineral de la Reforma concentra más de la mitad de las denuncias de maltrato animal registradas en el estado, además de casos reportados en municipios como Tulancingo, Huejutla, Ixmiquilpan y otras demarcaciones.
También cuestionó que algunos ayuntamientos argumenten que no pueden sancionar determinados casos debido a la falta de actualización de sus reglamentos municipales, pese a que existe legislación estatal en la materia.
A esta problemática se suma, dijo, la falta de una unidad especializada para rehabilitar animales víctimas de maltrato. Recordó que en Hidalgo se ha esperado durante aproximadamente dos años la creación de un espacio de este tipo.
Explicó que actualmente algunos animales asegurados terminan en centros de control canino, instalaciones que no necesariamente cuentan con las condiciones, personal o equipo especializado para rehabilitar a víctimas de violencia.
Como ejemplo, mencionaron que Puebla recientemente puso en funcionamiento un espacio para atender animales víctimas de delitos, mientras que Hidalgo continúa sin concretar una infraestructura similar.
Las activistas también señalaron casos recientes de animales abandonados que, pese a haber sido reportados a autoridades municipales y estatales, permanecen sin atención, como el de varios gatos abandonados durante semanas en una vivienda del fraccionamiento La Colonia, en Mineral de la Reforma.
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Piden escuchar a especialistas antes de aprobar la ley
Ante este escenario, la Confederación por los Derechos de los Animales de México hizo un llamado a las y los legisladores federales para retirar el dictamen en sus términos actuales y abrir un proceso de revisión con la participación de organizaciones civiles y especialistas.
Pidieron que antes de aprobar una legislación general se revisen los avances existentes en las entidades federativas y se escuche a especialistas en etología, veterinaria, bienestar y sanidad animal, derecho y otras disciplinas relacionadas.
Entre sus principales demandas se encuentran eliminar cualquier disposición que convierta la muerte de animales en una herramienta de control, garantizar la protección sanitaria de todas las especies y evitar que determinados grupos queden fuera de los mecanismos de vigilancia y protección.
También solicitaron construir una legislación que reconozca la dignidad y condición de seres sintientes de los animales y que establezca mecanismos efectivos de rescate, rehabilitación, adopción y protección.
Las organizaciones señalaron que representantes de al menos 17 estados participaron en el pronunciamiento simultáneo y adelantaron que continuarán impulsando espacios de análisis y sensibilización, entre ellos foros con abogadas, abogados, psicólogos y especialistas, con la intención de que los legisladores conozcan las implicaciones jurídicas, sociales y sanitarias de la propuesta.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para informarse y solicitar a diputadas, diputados, senadoras y senadores que no aprueben el dictamen en sus términos actuales.
Advirtieron que la discusión no debe limitarse a la defensa de los animales, pues el bienestar animal también está relacionado con la salud pública, la prevención de enfermedades y la violencia social.
“Si no quieren ver el tema de los animales por el simple hecho de que son seres sintientes y tienen dignidad, que lo hagan por el problema de salud pública que va a conllevar y, sobre todo, por el tema de violencia social”, señalaron.
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