Las autoridades sudcoreanas que investigan al destituido presidente Yoon Suk Yeol se han desplegado este martes por segunda vez en su residencia oficial en la capital, Seúl, para intentar ejecutar la orden de arresto en su contra tras declarar a principios de diciembre la ley marcial.
La Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) movilizó a casi mil efectivos en el marco de un importante operativo de seguridad alrededor de su residencia. El abogado de Yoon afirmó que estas acciones son “ilegales”, según recogió la agencia de noticias Yonhap.
Las fuerzas de seguridad advirtieron que las personas que obstaculicen el proceso podrían ser detenidas. Decenas de miembros de su partido político, el Partido del Poder Popular (PPP), y cientos de personas han formado barricadas para impedir el acceso de los agentes a la residencia.
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