En medio de cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y la reducción de mecanismos de vigilancia, el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma aprobó, con 12 votos a favor y seis en contra, la reforma al artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, que modifica las facultades de los gobiernos municipales para la celebración de contratos y convenios.
Durante una sesión extraordinaria, integrantes de oposición advirtieron que la modificación permitirá al presidente municipal, Eduardo Medécigo Rubio, suscribir contratos sin requerir la autorización previa del Cabildo, lo que, consideraron, podría limitar la intervención de regidores y síndicos en decisiones relacionadas con el patrimonio municipal.
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La propuesta fue avalada con 12 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención. Entre quienes rechazaron la modificación se encuentran Joseline Espinosa, Marlene Puertas, Jimena García, Víctor Juárez y Ernesto Morales, así como la síndica procuradora Kenia Yuridia Sánchez.
Durante la discusión, la regidora panista Marlene Puertas cuestionó que se busque eliminar este mecanismo de autorización sin antes presentar una evaluación de los contratos que ha celebrado la administración municipal.
Recordó que desde 2025 el alcalde cuenta con facultades para suscribir determinados contratos y convenios sin someter cada uno a consideración del pleno, por lo que consideró necesario conocer los montos, condiciones y beneficios de esas contrataciones.
Asimismo, denunció dificultades para acceder a información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos, situación por la cual, aseguró, ha tenido que recurrir en distintas ocasiones al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo para exigir documentación necesaria para el desempeño de sus funciones.
La regidora hizo referencia al arrendamiento de vehículos por más de 27 millones de pesos, contrato que, señaló, evidencia la importancia de revisar las obligaciones financieras que adquiere el municipio.
Por su parte, el regidor Víctor Juárez manifestó que la modificación constitucional podría debilitar los mecanismos de control institucional, al retirar la intervención expresa del órgano colegiado en la autorización de contratos.
Durante su posicionamiento mencionó diversos gastos que han generado cuestionamientos públicos, entre ellos el arrendamiento de 41 fotocopiadoras por más de cuatro millones de pesos, así como erogaciones superiores a un millón 700 mil pesos destinadas a servicios de coffee break.
No obstante, aclaró que estos señalamientos no representan la acreditación de actos de corrupción, sino que constituyen ejemplos de contrataciones que, a su consideración, requieren mecanismos de revisión y transparencia.
En tanto, Jimena García Granados, regidora de Movimiento Ciudadano, sostuvo que modernizar la administración pública no debe implicar la concentración de atribuciones en una sola autoridad.
Consideró que la reforma limita la participación de los representantes populares en decisiones que pueden comprometer recursos municipales, además de reducir su capacidad de vigilancia.
Desde el PRI también se expresó el rechazo a la modificación, bajo el argumento de que las facultades del Ayuntamiento deben preservarse independientemente de la fuerza política que encabece la administración.
En contraste, el regidor de Morena, Antonio Salim Saldivar, defendió la propuesta al señalar que busca agilizar los procedimientos administrativos para facilitar la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos.
Argumentó que la reforma no elimina las atribuciones de vigilancia y fiscalización de los integrantes del Ayuntamiento, quienes mantienen responsabilidades relacionadas con la revisión del ejercicio de los recursos municipales.
Pese a los posicionamientos en contra, la mayoría de los integrantes del Cabildo respaldó la modificación constitucional, que forma parte del proceso de reforma al marco jurídico estatal sobre las facultades de los ayuntamientos.
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