Si el fenómeno migratorio ha sido en la historia sinónimo de persecución, racismo, pobreza, discriminación, guerra, y cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos, en días recientes no tiene otro para mejor identificarlo: muerte, con toda la carga de tragedia y dolor en su contenido. Y un adicional, la responsabilidad, o mejor dicho irresponsabilidad, de todas las autoridades obligadas a evitarla, dentro y fuera de sus fronteras.
Con apenas unos días de diferencia, en dos diversas fronteras, grupos de migrantes perdieron la existencia, en circunstancias diferentes pero con origen similar: la búsqueda de una sobrevivencia con mejores oportunidades de vida en un éxodo forzado por la precariedad prevaleciente en su tierra de origen.
Melilla, en la zona fronteriza del territorio español con Marruecos, fue destino final de más de veintitrés personas cuando alrededor de dos mil trataron de franquearla. La Fiscalía Española investigará los hechos en cuyo ambiente ronda la trata.
El trágico evento mereció del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, instar a los gobiernos español y marroquí a iniciar una investigación “exhaustiva, independiente y transparente”.
Más cercano a nosotros, en territorio texano, un tráiler para transporte de mercancías fue la tumba para más de media centena de migrantes nacionales y de Centro América ingresado ilegalmente a los Estados Unidos de América en la insistente y fallida búsqueda del “sueño americano”. También se anunció la investigación de la Fiscalía General de la República y también se percibe un tufo a trata.
En el transcurso de los días ambos eventos se diluyen en el interés de la opinión pública. Europa y América tienen la mirada en otros asuntos más preocupantes para los intereses de sus gobiernos. La crisis de Ucrania, la reunión de la OTAN en Madrid, lo mismo las acusaciones al presidente Trump por el ataque al Capitolio, la sucesión presidencial y la lastimosa crisis partidaria en México, son los temas en los medios de comunicación mientras las vicisitudes migratorias escalan proporciones irracionales.
El problema es la evidente falta de soluciones, atribuible por costumbre principalmente a los gobiernos nacionales, cuando es una responsabilidad compartida por los de las entidades federativas como son los casos de México y los Estados Unidos, en el nuestro por su condición de origen y tránsito, en el de los vecinos de tránsito y destino.
Prevalece un ánimo positivo por la recepción de remesas provenientes de las y los trabajadores arriba de la frontera norte, superior al drama personal, familiar y la erosión social saldo de esa migración tristemente mortífera.
El sistema federal distribuye y comparte responsabilidades federales y estaduales. Es entonces el caso de una mirada conjunta para resolver este problema generado en las localidades todavía carentes de oportunidades.
Otro aspecto, igualmente grave, es la presencia de la actividad delincuencial proporcionalmente superior a la de las instituciones policiales y administrativas encargadas de salvaguardar, en cualquier circunstancia, los derechos humanos de la población migrante.
En nuestro país, los gobiernos locales de las entidades expulsoras y de tránsito también deben hacerse cargo del conflicto a través de sus políticas públicas.
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