Karen Andrea Veloza Cantillo denunció presuntas irregularidades en el Juzgado Primero Familiar y aseguró que, pese a las recomendaciones del Consejo de Familia, las restricciones de convivencia han provocado un distanciamiento con su hijo de 13 años.
Karen Andrea Veloza Cantillo, ciudadana colombiana que reside desde hace 13 años en Pachuca, denunció presunta violencia vicaria y acusó a la jueza Beatriz Nieto Velázquez, del Juzgado Primero Familiar, de omitir medidas para preservar el vínculo con su hijo, luego de que el padre del menor se lo llevara el 30 de marzo de 2025.
La mujer aseguró que transcurrieron nueve meses sin poder convivir con su hijo, pese a que durante ese periodo informó reiteradamente a la autoridad judicial sobre la falta de contacto. Fue hasta después de ese tiempo cuando se le asignaron convivencias supervisadas.
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Sin embargo, señaló que el padre del menor incumplió durante aproximadamente un mes y medio con la presentación del adolescente a las visitas programadas, bajo el argumento de que los horarios escolares le impedían llevarlo entre semana.
Ante esta situación, afirmó que la jueza decidió reducir los tres días de convivencia que inicialmente tenía autorizados, en lugar de adoptar medidas para garantizar su cumplimiento.
“Yo tenía tres días designados y lo que hizo fue quitarme días. Eso hizo que el vínculo se rompiera más, hasta que se terminó rompiendo en su totalidad”, expresó.
Veloza Cantillo sostuvo que el Consejo de Familia ha emitido diversas recomendaciones relacionadas con el deterioro de la relación materno-filial; sin embargo, acusó que estas no han sido atendidas por la juzgadora.
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Explicó que hace aproximadamente un mes se emitió un acuerdo para mantener las condiciones actuales de convivencia durante dos meses, periodo después del cual se determinarían nuevas medidas.
No obstante, señaló que presentó escritos para advertir que ese plazo resultaba insuficiente para reconstruir la relación con su hijo, quien actualmente tiene 13 años y tenía 11 cuando comenzó el conflicto.
La denunciante relató que, aunque anteriormente lograba conversar con el adolescente durante algunos minutos, actualmente el menor únicamente acude al espacio de convivencia, registra su asistencia y manifiesta que no desea permanecer con ella.
“Mi hijo ya solo llega, firma y dice que no quiere estar ahí y se va. Antes todavía nos veíamos unos 10 o 20 minutos, pero ahora ya no”, lamentó.
Asimismo, acusó que el padre del menor ha promovido diversas carpetas de investigación en su contra, las cuales, según su versión, fueron utilizadas para restringir el contacto con su hijo. Aseguró que algunas investigaciones ya fueron cerradas, pero las limitaciones judiciales continúan.
También cuestionó que los incumplimientos que atribuye al padre no hayan derivado en medidas suficientes para garantizar las convivencias, pues afirmó que en una ocasión únicamente se le impuso una multa de aproximadamente mil 700 pesos.
La mujer señaló que actualmente dispone de una hora de convivencia supervisada los sábados, condición que considera insuficiente para recuperar el vínculo afectivo.
Además, acusó que sus solicitudes para recibir terapia conjunta con su hijo no han prosperado, pese a que considera necesaria la intervención especializada para atender el distanciamiento.
Veloza Cantillo explicó que vive sola en México, sin familiares cercanos, y que el proceso judicial ha afectado su estabilidad emocional y laboral debido a las constantes diligencias, revisiones de expedientes y presentación de escritos.
“El juzgado debería estar protegiendo a mi hijo y no lo ha hecho. Las autoridades correspondientes literalmente lo han abandonado”, manifestó.
Finalmente, solicitó que las autoridades competentes revisen las actuaciones del Juzgado Primero Familiar y las medidas de convivencia, con el propósito de garantizar el interés superior del adolescente y atender las recomendaciones emitidas por el Consejo de Familia.
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