El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos, figuran entre las pocas personas acusadas supuestamente por Washington de violar una ley federal que castiga la tortura cometida en el extranjero, mientras los fiscales buscan ampliar su caso penal.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 70, se declararon inocentes la semana pasada de los nuevos cargos por conspirar para torturar a opositores políticos con el propósito de mantenerse en el poder. Ambos fueron secuestrados en enero durante una incursión militar estadunidense en Caracas ordenada por el presidente Donald Trump y trasladados a Nueva York, donde también enfrentan acusaciones de narcotráfico. El juicio está previsto para junio de 2027.
La imputación convierte a Maduro y Flores en la séptima y octava personas identificadas por Reuters como acusadas bajo una ley de 1994 que penaliza la tortura cometida fuera de Estados Unidos. La norma define ese delito como la imposición intencional de dolor o sufrimiento físico o mental severo a una persona bajo custodia.
Cuatro personas han sido condenadas en virtud de esa legislación, entre ellas integrantes de fuerzas paramilitares de Liberia y Gambia, un director de prisión sirio durante el gobierno de Bashar al-Assad y un estadunidense que desarrolló una fábrica ilegal de armas en Irak.
Expertos consideran histórico el proceso
Michel Paradis, socio del bufete Steptoe y ex abogado de detenidos en la base naval estadunidense de Guantánamo, consideró que el proceso representa un precedente. “Este es realmente un caso histórico”, afirmó, al señalar que sería el primero en Estados Unidos contra un jefe de Estado por presuntamente autorizar la tortura en su propio país.
Para el ex fiscal federal Artie McConnell, la nueva acusación supone una “escalada significativa”, pues coloca la represión política y los presuntos actos de tortura en el centro de la teoría de la fiscalía.
Fiscalía presenta señalamientos de presunta tortura
La acusación describe, entre otros hechos, un incidente ocurrido en 2018 en el que oficiales militares venezolanos presuntamente golpearon a un detenido con un machete y lo rociaron con un irritante químico mientras lo interrogaban sobre el paradero de un opositor político de Maduro.
Tres de las presuntas víctimas mencionadas en el expediente son ciudadanos estadunidenses, cuyos testimonios podrían influir en el jurado. Aunque los testigos cooperantes seguirán siendo relevantes para vincular a los acusados con los hechos, los expertos consideran que los relatos directos de las víctimas podrían fortalecer el caso de la fiscalía.
Defensa de Cilia Flores analiza recurso de inmunidad soberana
Los cargos por tortura pueden castigarse con hasta 20 años de prisión por cada delito y, si la víctima muere, con cadena perpetua o pena de muerte.
Sin embargo, Maduro y Flores no pueden recibir la pena capital por esta imputación, ya que se les acusa de conspiración para torturar y no de ejecutar directamente los actos.
Los abogados de Flores, Mark Donnelly y Andrés Sánchez, sostuvieron que es “completamente inocente” y anunciaron que revisarán su petición para desestimar el caso con base en la inmunidad soberana.
Los abogados de Maduro no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que la fiscalía federal de Manhattan declinó hacer declaraciones.
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