Legisladores locales de Hidalgo aprobaron por mayoría de votos la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado cuyas funciones pasarán a la Secretaría de Contraloría Estatal.
Con el rechazo de los diputados Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, Karla Perales Arrieta de Movimiento Ciudadano, Johana Montcerrat Hernández Pérez del Partido Revolucionario Institucional y de Claudia Lilia Luna Islas del Partido Acción Nacional, se aprobaron las modificaciones a la Constitución Política del Estado.
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El decreto establece que en plazo no mayor a 180 días naturales deberá generarse la armonización al marco jurídico estatal en materia de acceso a la información pública y protección de datos en donde se señale el proceso a seguir para la extinción del organismo autónomo y la fecha límite para considerarlo extinto.
De acuerdo con el dictamen, el ITAIH no justificó su existencia al determinar que sus gastos de operatividad estaban siendo rebasados y el número de asuntos atendidos era menos del 10 por ciento de lo que se atendía en otros estados de manera anual.
Aunado a ello, su principal gasto se destinaba al pago por arrendamiento del bien inmueble que ocupa, al pago de los servicios de vigilancia y de limpieza, así como al salario de las 37 plazas que conforman la plantilla laboral.
Por lo anterior, se estableció que con la extinción, las economías que se generen se destinarán a la Secretaría de Hacienda, en tanto que los actos jurídicos que se emitan antes de la entrada en vigor del decreto aún mantendrán efectos legales.
El documento aprobado por los legisladores refiere que los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del órgano público pasarán a formar parte de la Contraloría Estatal.
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Los comisionados del Instituto de Transparencia concluirán sus funciones hasta la entrada en vigor del decreto, el cual deberá darse una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, previa sanción de más de la mitad de los ayuntamientos.
Finalmente, se estableció que para el proceso de transición, se instalará un comité conformado al menos por personas representantes de los poderes Judicial y Legislativo del Estado; de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda; así como del Instituto de Transparencia.
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