El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, negó que exista ingobernabilidad en los municipios en donde en las últimas semanas se han registrado hechos violentos, pues aseguró que es la población quien busca solucionar las problemáticas con agresiones.
Explicó que hay tolerancia en las pláticas entre la ciudadanía y los gobiernos quienes les atienden, pero al no llegar a un acuerdo, comienza la agresión física o daños al patrimonio municipal.
“No vamos a permitir que se dañen los bienes públicos, trabajaremos más en la conciliación, confiamos y pedimos que cualquier diferencia con carácter político se atienda con el diálogo”, expuso.
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Asimismo, aseveró que en algunos casos los conflictos tienen más tiene político que social, por lo que insistió en que el diálogo debe prevalecer para llegar a acuerdos.
“Estamos en la disposición de dialogar y ser intermediarios en todos los conflictos, pero tenemos que aplicarnos con mayor rigor para evitar ese tipo de conflictos y solucionarlo por la vía del diálogo. La fuerza pública es garantía de seguridad”, refirió.
Además, agregó que el reclamo de las personas se manifiesta de forma excesiva y genera violencia.
Cabe mencionar que en San Salvador, esta semana fue privado de su libertad el alcalde Norberto Martínez y otros trabajadores del ayuntamiento por pobladores de la comunidad La Flor, quienes demandaban obra pública.
En la comunidad de El Jagüey, en el municipio de Nopala, habitantes quemaron una patrulla al no obtener respuesta de las autoridades sobre un proyecto carretero en la zona, con el cual no están de acuerdo.
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Por último, habitantes de la comunidad El Nandho, en Ixmiquilpan, retuvieron a siete agentes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) durante una diligencia por el control de un pozo de agua.
De acuerdo con la Procuraduría, los agentes acudieron a cumplir una diligencia sobre el pozo a la localidad de Orizabita, pero fueron interceptados por los habitantes de El Nandho, con quienes mantenían una disputa por la posesión del afluente.
En este caso, el gobernador dijo que ahí hubo falta de precaución de un exceso de la función del ministerio público y no se actuó con prudencia, por lo que señaló que le corresponde a la procuraduría poner orden.
Asimismo, manifestó que los responsables de los hechos violentos en esos municipios deben tener consecuencias, por lo que la PGJH deberá responder al respecto.
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