Recientemente se cuestionó el premio otorgado a una novela por una conocida editorial mexicana. Un reportaje periodístico dio a conocer información surgida de un buscador; señalaba a la redacción, proveniente en su casi totalidad, de Inteligencia Artificial, IA, situación expresamente establecida como motivo de descalificación en la convocatoria del concurso.
La empresa editora rechazó retirar el premio aludiendo a la insuficiencia de los detectores para demostrar cómo fue escrito el texto laureado, poniendo en duda la certeza del mecanismo revisor empleado para analizar la obra literaria. Nada nuevo en el incidente.
Anteceden las discusiones por el uso de IA en la elaboración de resoluciones judiciales y sus consecuencias legales para las personas juzgadoras, más allá del mero debate ético-jurídico.
En todo caso el conflicto se presenta ante la falta de una normatividad para el empleo formal de la IA en los procesos sociales, tan comunes como la información en las redes sociales, o tan complejos como los del sistema jurisdiccional, donde prima la igualdad para todas las partes intervinientes. No es sino un síntoma más del problema: el vertiginoso crecimiento de la IA frente a la lentitud, si no indiferencia, para abordarlo, resolverlo y aprovecharlo. Nadie puede aludir desconocimiento de esa realidad cuando el tema es parte de la conversación cotidiana.
Hace unos días, en el Estado de México se dio un paso importante para atender el problema en lo tocante a la impartición de justicia: mediante un acuerdo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia emitió los Lineamientos para el uso responsable, ético, seguro y asistencial de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial del Estado de México.
Entre sus consideraciones destaca la integración de la IA para potenciar las funciones sustantivas y adjetivas, articulada rigurosamente bajo un esquema institucional de máxima seguridad, rigor ético, ciberseguridad, transparencia y la estricta protección de los datos personales. Contenidos en treinta y dos artículos, los Lineamientos definen su objetivo y obligatoriedad en los dos primeros:
1. Regular el desarrollo, adquisición, integración y uso de los sistemas y herramientas de IA en las labores jurisdiccionales y administrativas con el propósito fundamental de garantizar transparencia, explicabilidad de los procesos, ciberseguridad, imparcialidad y equidad algorítmica, y pleno respeto a los derechos humanos dentro de un marco sólido de soberanía tecnológica e independencia judicial.
2. Observancia obligatoria e irrenunciable para personas juzgadoras de primera y segunda instancia, personal de apoyo jurisdiccional y administrativo, y cualquier persona servidora pública o colaboradora que haga uso de herramientas tecnológicas o participe en procesos institucionales.
En su segundo capítulo De los principios rectores y el parámetro ético-constitucional, determina la prioridad del uso de la IA: ponerla al servicio del justiciable para reducir plazos, simplificar procesos y facilitar el acceso a la justicia sin restringir, imitar o menoscabar derechos procesales o sustantivos.
Y establece tres principios: respetar los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas; empleo diligente y cuidadoso; y medidas de protección de la información, y prevención de riesgos personales e institucionales.
Destacan tres disposiciones: toda decisión, actuación o sentencia asistida por IA tendrá como único responsable al servidor público o persona juzgadora firmante; prohibición del uso de sistemas cuyo funcionamiento sea ininteligible, de serlo, no podrá utilizarse para actuaciones judiciales; valoración probatoria, fijación de los hechos, hermenéutica jurídica, ponderación jurisprudencial y cualquier acto administrativo, son del dominio exclusivo del intelecto humano de las personas juzgadoras o servidoras públicas.
Y entre sus reglas: obligatorio el cotejo de referencias normativas, preceptos procesales, documentales, tesis jurisprudenciales y extractos probatorios sugeridos por la IA, debiéndose citar su origen; no se aplicará en la valoración y adopción de la decisión jurisdiccional; y, las personas usuarias del Poder Judicial serán responsables de la veracidad, integridad, pertinencia y efectos jurídicos del uso de herramientas de IA en sus escritos, solicitudes, etc., ante los órganos jurisdiccionales.
En la velocidad de las respuestas a la tecnología está la contención a la subordinación humana. Para el sistema de justicia es fundamental.
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