Hay terrenos que hablan. Los lotes 248 y 249 del Fraccionamiento Club de Golf Pachuca, contiguos entre sí, lo hacen con la elocuencia fría de los números.
Según documentos catastrales, notariales y de tesorerías municipales revisados y en poder de este columnista, la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria, pagó en conjunto 1 millón 392 mil pesos por dos predios cuyo valor señalado era de 3 millones 810 mil. La diferencia: 2 millones 418 mil pesos que no aparecen en ninguna escritura.
De acuerdo con la fracción parlamentaria de Morena quien trajo nuevamente a la memoria la denuncia que ingreso al Senado, el primero lo compró en 2004 a Carlos Ibarra Sánchez, cuando era secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal: 709 mil 500 pesos por un terreno que valía 1 millón 935 mil. El segundo, en 2007, a Andrés Chitiva, exfutbolista colombiano del Club Pachuca: 682 mil 500 pesos por 500 metros cuadrados valuados en 1 millón 875 mil. Ese año concluía su gestión como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Ambas operaciones pasaron por la Notaría Pública número 2 de Pachuca.
La explicación de fondo es un viejo recurso: escriturar sobre el valor catastral, que sirve para calcular el predial y ronda apenas el 40 por ciento del valor real. Es legal en la forma y opaco en el fondo. Un truco tan extendido como incómodo, que reduce la base del impuesto y deja fuera de la vista pública cuánto se pagó en realidad.
Conviene ser rigurosos: la documentación no acredita, por sí misma, que la diferencia se haya cubierto con pagos fuera de las operaciones formalizadas. Pero tampoco la descarta. Y las preguntas se acumulan.
Sobre esos terrenos se levantó una residencia de unos 813 metros cuadrados, valuada en alrededor de 30 millones de pesos. Una mansión que difícilmente cuadra con los ingresos de una servidora pública de carrera, aunque sea una carrera larga y bien ubicada.
No es la primera vez. En mayo de 2022, Morena pidió en la Comisión Permanente investigar el origen de los recursos con que Viggiano adquirió propiedades en México y el extranjero. Su declaración patrimonial reportaba tres inmuebles comprados en 1997, 2004 y 2007. Se cuestionó también la casa de Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, adquirida en septiembre de 2019, dos meses después de que asumió la Secretaría General del PRI. Sus ingresos netos de 2020, según el propio punto de acuerdo, fueron de 1 millón 19 mil pesos.
Cabe la cautela: la iniciativa la presentó un partido rival, y en política el señalamiento no es sentencia. Pero los documentos públicos tienen una cualidad que las declaraciones no: no cambian con el discurso.
Viggiano ha pasado por el gobierno estatal, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, la candidatura a la gubernatura y el Senado, además de la dirigencia nacional de su partido. Cuatro décadas de poder y un patrimonio que crece más rápido que cualquier explicación. Ella ha insistido en más de una ocasión que, su declaración patrimonial es pública y está a la vista de todos y nada que esconder, pero el discurso no elimina documentos, residencias o quita del mapa de la sospecha las mansiones.
Nadie pide un linchamiento. Se pide lo elemental: que la senadora aclare, con documentos y no con adjetivos, cómo se cubrió la brecha de 2.4 millones de pesos, y que las autoridades fiscales y de fiscalización hagan lo que les corresponde.
Porque el patrimonio, como bien se dice, deja huellas imborrables en el sistema financiero. Solo falta que alguien quiera seguirlas.
De mi tintero…La magistrada del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH), Rosa Amparo Martínez Lechuga, decidió posponer la discusión de la resolución del juicio promovido por la consejera Ariadna González, contra la presidenta del IEEH, María Magdalena González Escalona. La consejera cuestiona la creación y aprobación de dos direcciones que, a su juicio, exceden las facultades del Instituto. Una de ellas, encabezada por Juan Carlos Mendoza Meza, implica un gasto superior a los 400 mil pesos… Trascendió que, el proyecto de sentencia elaborado por la magistrada presentaría graves errores de legalidad.
En la Secretaría de Salud hay funcionarios que cobran mientras acuden a jugar tenis a un conocido club deportivo de Pachuca, sin importar su horario laboral. Es el caso de Yanet Lemus Garnica, adscrita al área jurídica, quien, según sus propios compañeros, es más “aviadora” que servidora pública: percibe un sueldo superior a los 20 mil pesos sin realizar labores. La pregunta obligada es: ¿quién la protege?
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