Pachuca, Hgo. — En el Estado de Hidalgo existen aproximadamente 244 mil personas que presentan carencia por calidad y espacios en sus viviendas, indicador social definido como un “Reto de Bienestar del Pueblo” dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, según precisa el Convenio de Coordinación publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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El acuerdo, suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, establece que la entidad se compromete a donar bienes inmuebles para el desarrollo y ejecución del programa “Vivienda para el Bienestar”.
Este instrumento jurídico formaliza las acciones derivadas del Convenio de Colaboración celebrado el 23 de marzo de 2025. En aquella fecha, la SEDATU, el INSUS, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y el Fovissste pactaron con el Gobierno de Hidalgo y los municipios de Tepeapulco y San Agustín Tlaxiaca el otorgamiento de facilidades administrativas y beneficios fiscales para el arranque de trámites y obras. Con base en la cláusula quinta de dicho antecedente, se dio paso a la firma de este nuevo acuerdo adicional para asegurar la operatividad del programa.
A través del nuevo convenio, el estado transferirá a la Federación predios de su propiedad y autorizará la cesión de terrenos pertenecientes a organismos descentralizados que resulten necesarios y aptos para el desarrollo del proyecto social.
Entre los compromisos adquiridos, la administración estatal deberá acreditar la situación jurídica de los inmuebles, garantizando que se encuentren libres de gravámenes o limitaciones de dominio. Del mismo modo, impulsará la simplificación de procedimientos y la reducción de plazos administrativos para formalizar la transmisión patrimonial, sin que esto implique la erogación de recursos adicionales no contemplados.
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Por su parte, la Federación asumirá la responsabilidad sobre el uso, conservación y aprovechamiento de los predios donados a partir de su formalización, asegurando que sean destinados de manera exclusiva a los fines del programa y conforme a los marcos legales de desarrollo urbano, protección civil y medio ambiente. Ambas instancias mantendrán coordinación permanente para optimizar las gestiones administrativas bajo principios de transparencia y legalidad.
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