Una fuerte ola de críticas en redes sociales ha recibido la entrada en vigor del nuevo Bando de Policía y Gobierno de Santiago Tulantepec, el cual impone oficialmente el gentilicio de “tulantepecano (a)” sobre el tradicional “santiaguense”.
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La medida, impulsada bajo la administración de Yanet Fernández Fernández, es cuestionada por los pobladores, quienes consideran la decisión como una imposición arbitraria que atenta contra su identidad histórica.
La normativa, plasmada en el artículo 18 de la ordenanza municipal, dicta que toda persona que resida en la demarcación de forma permanente o temporal deberá recibir dicha denominación. Ciudadanos y sectores locales señalaron a la alcaldesa de extracción morenista de cruzar la línea de sus facultades al decretar un cambio de identidad que, aseguran, “nadie pidió”.
La principal queja radica en la nula socialización del proyecto antes de su aprobación en el Cabildo. Esta falta de consulta ha escalado a señalamientos de autoritarismo hacia la administración de Fernández Fernández, al modificar la esencia del municipio mediante un decreto administrativo que ignora la tradición oral y el arraigo de la gente.
En un sondeo realizado con habitantes de la zona centro, el rechazo a la nueva denominación fue contundente; los vecinos coinciden en que el término les resulta ajeno, forzado y carente de identidad.
“Llevo 50 años siendo santiaguense y no entiendo por qué una oficina quiere cambiar cómo decirme de la noche a la mañana”, comentó uno de los entrevistados, mientras otros pobladores enfatizaron que, aunque la palabra “tulantepecano” deriva del nombre del municipio, no genera el sentido de pertenencia que han defendido por décadas.
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El decreto, que fue aprobado el 30 de junio de 2025, cobró vigencia legal este 6 de febrero de 2026 tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH). Con esta entrada en vigor, la administración municipal formaliza una fractura entre la identidad oficial y la voluntad popular, dejando en el aire si existirán mecanismos para revertir una medida que la ciudadanía califica de ajena a sus raíces.
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