El pasado 7 de septiembre se cumplieron 4 años de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en la cual se hizo el reconocimiento de que los derechos reproductivos, entre los que se encuentra el acceso al servicio de aborto, son derechos constitucionales protegidos por el artículo 1° y 4°.
Desde entonces, se impuso una obligación a todos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para realizar una serie de acciones que garanticen la protección de estos derechos. Específicamente, para los Congresos se generó la obligación de reformar los Códigos Penales para eliminar la prohibición del aborto voluntario.
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De 2007 a la fecha se han reformado 20 Códigos Penales, entre los que se encuentra el de Hidalgo, para dejar de considerar al aborto como un delito hasta la semana 12.6 de gestación; uno el de Sinaloa hasta la semana 13.6. En Coahuila y Chihuahua se invalidaron los artículos que prohibían el aborto gracias a dos sentencias de la Corte. Todos son logros colectivos, que se han dado en medio de acciones de grupos anti derechos que buscan minar los avances, como por ejemplo en Aguascalientes se dio un retroceso al acceso al aborto al limitar a la semana 6.6 de gestación.
Que el aborto siga siendo considerado un delito, ya sea de forma absoluta como pasa en 8 Códigos Penales, en los que está el de la Federación o después de ciertas semanas de la gestación se ha convertido en un obstáculo para el acceso al servicio, pero también en una violación a los derechos de las personas que tenemos la posibilidad de gestar.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana muestran que, de enero a julio de 2025 se reportó la apertura de 522 carpetas de investigación por el delito de aborto. Las dos entidades con mayor número de investigaciones por el delito de aborto es la Ciudad de México (146) y le sigue Nuevo León (144). Esto nos muestra que la criminalización se mantiene a pesar de la despenalización y que incluso se agrava si no se reforma el Código Penal como en Nuevo León.
Se debe reconocer que la criminalización no solo se realiza con el delito de aborto. Para castigar los abortos que suceden en semanas avanzadas y, de los que incluso carecemos de datos, se emplean otros delitos como el homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado, infanticidio y feminicidio. Esta forma de criminalización es la más silenciosa, probablemente porque la prisión preventiva oficiosa y las penas superiores a los 20 años de prisión amordazan a las personas que la enfrentan. Aunque las penas son mayores, se desconocen las cifras sobre la criminalización del aborto y otras emergencias obstétricas que afectan principalmente a niñas y adolescentes.
La criminalización del aborto voluntario también afecta al personal de salud ya que, en todos los Códigos Penales se contempla penas para aquellos que decidan garantizar este servicio, lo que se traduce en un obstáculo para el acceso.
Por ello es que colectivas y organizaciones de 25 estados del país salimos a convocar a los movimientos de aborto para que cada 7 de septiembre salgamos a exigir a las autoridades que se elimine el delito de aborto voluntario de forma total de los Códigos Penales y solo se regule bajo las normas de salud. Les invitamos a leer el comunicado completo en www.abortistas.mx :
Nada por encima de la Constitución y nuestros derechos
¡Fuera aborto del Código Penal!
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