El informe anual de áreas de detención municipal (ADM), que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), expuso que los policías adscritos a dichas áreas de trabajo deben recurrir a sus propios recursos para cubrir necesidades básicas del lugar que deberían ser responsabilidad de las autoridades municipales.
Aunado a los salarios y prestaciones bajas, que muchas veces no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, agrava la situación y puede generar “desmotivación e incluso corrupción dentro de los sistemas de seguridad”.
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En ese sentido, el organismo autónomo reiteró que los elementos encargados de la seguridad y el manejo de las detenciones carecen de los recursos necesarios para garantizar una adecuada atención a la población privada de libertad, pues además de la falta de personal suficiente, oficinas adecuadas, dormitorios, regaderas, así como las condiciones precarias en las que labora, reflejan una deficiencia estructural que impacta negativamente en el servicio que se brinda.
“Cubrir situaciones que las autoridades responsables no prevén, evidencian una grave descoordinación y falta de compromiso por parte de las autoridades locales. Esta situación no solo afecta la actitud del personal, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar tanto de los detenidos como de los propios elementos encargados de su custodia”, refiere el documento.
Asimismo, precisó que las condiciones de insalubridad, el hacinamiento y la falta de atención adecuada, sumadas a la sobrecarga de trabajo del personal, refuerzan la violencia estructural dentro de los centros de detención y aumentan las probabilidades de que las personas detenidas, al ser liberadas, reincida en conductas delictivas.
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