“Pedimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) que jueguen limpio porque desde el comienzo se sembró un arma”, señaló Erick Ríos, hermano del inculpado en el caso Sosa Cravioto, quien también responsabilizó a la juez que lleva el caso de no aceptar las pruebas para esclarecer los hechos.
Ríos también exigió a la juez: “Solicitamos que deje de ser opaca y que no actúe con dolo en el caso de Fernando R. M.”.
A un año de la detención de Fernando, a quien la PGJEH acusó del asesinato de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exrector universitario Gerardo Sosa, en hechos ocurridos el 23 de febrero de 2019, los familiares del ex trabajador de la Hacienda Yemila, exigieron también al Poder Judicial evitar simular un juicio.
Lo anterior, pues según los inconformes, todo indica que le quieren dar carpetazo al asunto, tomando como válidos todos los argumentos de la fiscalía.
En entrevista, tras la realización de una manifestación en la Plaza Juárez por parte de los cercanos al detenido, Erick Ríos expresó que no han tenido acceso a una justicia imparcial.
Y ejemplificó que en la audiencia intermedia celebrada en noviembre pasado, la juez de control Janeth Montiel no aceptó ninguna prueba.
La defensa presentó peritajes privados en balística, informática y un estudio de morfología para debatir el retrato hablado presentado por un testigo, que presumió haber visto a un hombre parecido en el lugar de los hechos, pero todas fueron rechazadas en la audiencia intermedia.
Erick Ríos
Esperan resolución de amparo
A un año de la vinculación a proceso, en febrero de 2020, se destacó que el inculpado se encuentra a la espera de una resolución de amparo interpuesta por su abogado, luego de las anomalías detectadas en el proceso, así como por la parcialidad con que actúa la jueza.
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“Fernando está tranquilo porque sabe que es inocente, pero no pueden ver a sus hijos, tampoco a sus padres; ya es un año de su detención”, señaló el hermano del detenido.
Además, el señor Fernando, padre de ambos, añadió que, derivado de la pandemia, desde su detención solo lo vieron en dos o tres ocasiones de manera presencial, y en videollamada tuvieron contacto en dos ocasiones.
Indignado el hombre, quien también fue empleado de la Hacienda Yemila, propiedad de Gerardo Sosa Castelán y su esposa, expresó que además de la pandemia la dilación de la justicia es penosa.
Describió que la procuraduría lo único que quiere es encontrar algún culpable para encubrir otra situación, pues no se trató de un simple asesinato sino de una ejecución. Y en estos hechos, recalcó, su hijo no está implicado.
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