José Manuel Hermosillo Vallarta suguiere replantaer declaratoria de Huapalcalco

Especialista legal propone replantear declaratoria de Huapalcalco con visión comunitaria y plan urbano

La declaratoria de Huapalcalco como Zona de Monumentos Arqueológicos debe ser replanteada e ir acompañada de un plan de desarrollo urbano integral para garantizar que el patrimonio cultural genere condiciones reales de desarrollo social y no quede detenido en inconsistencias jurídicas.

Así lo sostuvo el abogado y especialista en legislación cultural, José Manuel Hermosillo Vallarta, durante su participación en el primer ciclo de conferencias “Ecos del Tiempo”, organizado por la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Hidalgo, en la sede del Museo Comunitario de Huapalcalco.

Foto: Especial.

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El cofundador de la asociación civil Artículo 27 (Artículo 27 Activismo Judicial en Materia de Cultura S.C.) recordó que formó parte del grupo de abogados que en 2021 demandaron a las autoridades federales por omisión en resolver, durante más de tres años, la admisión de solicitud de declaratoria del sitio Huapalcalco como zona arqueológica.

Hermosillo Vallarta sostuvo que no hay posibilidad de que Huapalcalco pierda la declaratoria de Zona Arqueológica, pero enfatizó que el INAH, en su responsabilidad como garante de administrar el patrimonio, debe ser muy “humilde” y entender que fue la ciudadanía quien dio el primer paso.

El especialista criticó que el INAH realizó algo que en temas de política pública o de gobierno no se debe hacer, pues la declaratoria debió haber salido desde el inicio a petición de parte porque la ciudadanía obligó a la institución a generarla; sin embargo, lejos de hacerlo a petición de parte, el INAH lo emitió de oficio.

El ponente señaló que la declaratoria invadía algunos predios particulares, existiendo la posibilidad de indemnizarlos, y que el INAH debe ser crítico para estructurar un proyecto de declaratoria que lleve el respaldo ciudadano y sea responsable con los tiempos. Explicó que el plazo de 60 días para generar un plan de manejo es insuficiente, pues se requiere muchísimo más tiempo para elaborarlo correctamente.

Sobre la situación del sitio, Hermosillo Vallarta sostuvo que el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ni abandonar el proyecto bajo el argumento de que la declaratoria presenta fallas jurídicas en este sector estratégico, pues desde hace tiempo debió planearse el desarrollo urbano de la zona. “Ahora es replantearlo”, señaló.

Asimismo, indicó que lo ganado en Huapalcalco es algo que la comunidad no debe perder y que más bien es presionar, confirmando que como organización buscarán acercarse al INAH para decirles que el proyecto tiene que caminar y que Huapalcalco no puede quedarse únicamente con esa garantía de zona arqueológica protegida.

Subrayó que el interés general de la comunidad de Huapalcalco está por encima de todo, por lo que se necesitan buenos gobiernos que entiendan la política pública y una sociedad que se entere de la normatividad de ese desarrollo. Aseguró que con un poco de orden el gobierno debe animarse a invertir, garantizando que esa inversión retornará inmediatamente, además de reiterar que el gobierno, el INAH y la ciudadanía deben estar coordinados y esta última apropiarse del sitio.

“De administrador a garante, no es una responsabilidad menor que el INAH sea el competente para ello, no sólo debe administrar sino garantizar la preservación, la investigación, ese derecho humano, estar atentos a que toda la política pública que tiene el INAH respecto a lo que administre genere condiciones de desarrollo cuyo fin último sea el desarrollo social”, manifestó el ponente.

El abogado expuso que, si hubiera existido esta visión en casos como Balam Tun en Chetumal o en Huapalcalco, este sitio hubiera conseguido una declaratoria más óptima que beneficiara y considerara el desarrollo del entorno. Advirtió que apenas se publicaba la declaratoria ya había gente en las faldas modificando terrenos creyendo que generaría un beneficio, por lo que urgió a que los ayuntamientos y el gobierno entren en un desarrollo urbano planificado enfocado al desarrollo social y al beneficio de la comunidad.

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