Si los colectivos y activistas, además de personal interno, que han demandado la intervención del Poder Legislativo para destituir a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, piensan que sus reclamos van a prosperar, tendrán que esperar a mejores momentos para que eso ocurra.
Apenas esta semana, los integrantes de la LXVI Legislatura local y la ombusperson, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de promover la cultura de los derechos humanos que, a juicio del presidente de la junta de gobierno y coordinador de la mayoritariamente bancada de Morena, Andrés Velázquez Vázquez, “son fundamentales para la democracia, igualdad, inclusión y la justicia social”.
Justicia, precisamente, es lo que a lo largo del periodo que encabeza Parra Bonilla, han demandado para frenar la ola de abusos que se cometen en perjuicio de los propios trabajadores, que sufren acoso laboral y despidos injustificados.
Los colectivos y activistas que han insistido mediante escritos y oficios entregados en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo local, se han topado con pared, pues en los hechos y con el convenio firmado, dan un espaldarazo a la presidenta de la CDHEH.
Lejos de dar curso a las denuncias y determinar si es procedente o no la destitución de la ombudsperson, los legisladores han preferido cobijarla y lanzar un mensaje de coordinación y buen entendimiento entre el poder legislativo y la CDHEH, para mandar implícitamente al cajón del olvido las quejas ciudadanas y de los propios trabajadores del organismo encargado de defender los derechos humanos de los hidalguenses.
Los representantes de ambas instituciones, acordaron establecer las bases generales para el desarrollo de programas de capacitación, posgrado y trabajo colaborativo, dirigidos a la formación de las personas legisladoras, así como a personas servidoras públicas de ambas partes.
Parece irónico, pero en su discurso Parra Bonilla, resaltó la relevancia del convenio de colaboración que, dijo, servirá para fortalecer la cultura de los derechos humanos, que deben convertirse en una práctica cotidiana dentro de las instituciones.
En el olvido, al menos del Poder Legislativo, quedaron las innumerables quejas y denuncias por la mala actuación de Ana Karen Parra, de quien llevan más de un año promoviendo su salida, pero parece que resistirá y llegará julio del 2027 y ella dejará el cargo, pero no por presiones, sino porque su tiempo de presidenta se acabó.
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