La Confederación Nacional de Escuelas Particulares realizó una conferencia de prensa nacional, donde rechazaron el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-20201 realizado por la Secretaría de Economía, pues afectará a las instituciones educativas privadas, y del cual consideraron es inconstitucional.
La confederación señaló que la educación en competencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la intromisión de otra secretaría amenaza disminuir la calidad educativa, aumentará los impuestos, encarecerá la colegiatura y podrían en riesgo de desaparecer a varios colegios.
Indicaron que en los 16 meses de pandemia han puesto a la educación en la enorme necesidad de actualizarse y renovarse.
“La crisis civilizatoria ha movido a la sociedad a superarse y a ser mejor. La educación particular tiene el mismo anhelo y está en sintonía con los padres de familia que hacen un esfuerzo mayor por educar a sus hijos”,
dijo.
Por ello, consideraron fundamental apoyar durante el próximo año el impulso a una nueva educación, sin que las amenazas actuales de algunas normas jurídicas se materialicen.
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Como es el caso publicado en el Diario Oficial de la Federación del proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-20201, realizado por la Secretaría de Economía, con el objetivo de normar los servicios educativos, los cuales ya están regulados por la SEP y por el Acuerdo del 10 de marzo de 1992.
De la misma manera, indicaron que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) está revisando los comentarios vertidos durante la pasada consulta pública, señalando que la colegios particulares, que la primera dificultad que encuentran en la NOM-237, es el enfoque comercial con el que se aborda una relación tan rica y valiosa como es la educación.
Además, destacaron que de manera inadecuada se nombra a las instituciones educativas como “proveedoras” y esta regulación tiene más un sentido mercantil y no educativo.
La segunda objeción que tienen contra esta norma es que va en contra de sus funciones, pues no es la SEP la que está emitiendo la NOM, sino la Secretaría de Economía que no debiera mediar las relaciones educativas.
Además, recordaron que la relación educativa ya se encuentra normada por el Acuerdo del 10 de marzo de 1992, y no es necesario que se sobrepongan otras condiciones, pues la SEP puede sancionar y revocar el RVOE, que constituye el proceso legítimo por el cual es posible contribuir a la educación formal en este país.
Por otro lado, señalaron que hay instancias propias para la seguridad física, como Protección Civil y otras relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Manifestaron que el proyecto de la NOM-237, se encuentra en la etapa de responder a las opiniones recogidas en la consulta, para si es el caso, cancelarla como se menciona en la Ley Federal de Metrología y Normalización que a la letra dice: “Cuando el comité consultivo nacional de normalización correspondiente, derivado de los comentarios recibidos en el periodo de consulta pública de la norma oficial mexicana, estime que la norma en cuestión queda sin materia por no ser necesaria su expedición, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso de cancelación del proyecto de la misma”
Refirieron que la Confederación Nacional de Escuelas Particulares aportó durante la consulta sus argumentos fundados, donde dieron la razón de porque no debe aprobarse la NOM-237, así como de que podría constituir una situación de inconstitucionalidad.
“La Confederación ha considerado no participar en este proceso por las siguientes razones: No es legítimo que la Secretaría de Economía trasgreda el proceso educativo con normas que solo buscan el aspecto recaudatorio. Por ser un proceso que está bajo las reglas de confidencialidad, dirigido por CCONNSE, se pretende amordazar a las federaciones, asociaciones y a la Confederación con prescripciones que no tienen sustento en la ley”,
denunciaron.
Además, señalaron que las instituciones que contribuyen a la Educación Pública, conforme al artículo tercero constitucional, tienen el derecho a la libertad de expresión, y consideraron que la sociedad civil y los padres de familia tienen el derecho de estar informados en procesos que les impactarán de forma negativa.
“Se está vulnerando la certidumbre jurídica de decenas de miles de instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Con esta Norma 237, es muy posible que escuelas pequeñas que realizan un gran esfuerzo de servir en contextos marginados o en zonas rurales, donde no hay otras opciones, desaparecerán. También, aumentará la colegiatura ya que habrá duplicidad de procesos y gastos ante diferentes instancias administrativas”,
consideraron.
Indicaron que la NOM-237 obliga a no elegir la inversión en tecnología y programas educativos frente al cumplimiento administrativo, lo que restará calidad en el servicio, “esto limita las oportunidades a las niñas y niños de nuestro país a acceder a nuevas tecnologías, mayor competitividad y más herramientas para el futuro, cada vez más complejo ante el mercado y competencia global”.}
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“La CNEP considera que no es momento de nuevos impuestos y menos de intromisiones que violan el derecho superior de la infancia a una educación humanista, integral y de calidad. Al lado de los padres de familia exigimos que esta Norma se cancele”,
comentaron.
Asimismo, llamaron a la Secretaría de Educación Pública a defender el derecho que le corresponde a dirigir la educación nacional, sin la intromisión de otros intereses que pueden ser perjudiciales, “esta norma, lejos de impulsar la calidad educativa o un renovado esfuerzo ante las circunstancias de la pandemia, es una amenaza que lesiona el pacto educativo en la sociedad”.
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