Hace 13 años que formo parte de México Igualitario Derribando las Barreras, A.C. Desde hace tres tengo la fortuna de ser la directora ejecutiva de un equipo brillante y creativo que no le tiene miedo a nada. La mayoría de las personas que integramos la organización somos abogadas y decidimos utilizar el derecho para defendernos.
Desde hace 15 años utilizamos el litigio constitucional para exigir a las autoridades el respeto a nuestros derechos humanos. Decimos que derribamos barreras porque nuestro surgimiento se dio a partir de que las autoridades —apáticas, violentas y discriminatorias— no querían voltear a ver nuestras agendas y les obligamos a hacerlo: con el matrimonio y concubinato igualitario, con el reconocimiento de hijes de madres lesbianas, con el reconocimiento de la identidad trans y no binarie, con el acceso al aborto y la no criminalización, con cualquier discriminación a personas LGBTIQ+ y, últimamente, con la muerte digna.
Lo hemos hecho de forma gratuita y voluntaria; el 80% de lo que hacemos no recibe ni un peso de financiamiento porque, aunque sí lo necesitamos, no es un impedimento cuando vemos una violación a los derechos humanos. Entendemos que la justicia es muy cara y, si podemos aportar con un poquito, lo hacemos. Somos expertas en construir redes de colaboración de personas que también donan su trabajo y lo hemos hecho en los 32 estados del país. Ahí está nuestro corazón.
Por ello, los comentarios que las ministras Estela Ríos y Lenia Batres emitieron durante la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día 9 de abril de 2026 nos molestaron.
Se estaba discutiendo el amparo en revisión 430/2025 que promovimos como A.C. en compañía de Ser Gay, un colectivo hidrocálido que lucha por los derechos LGBTIQ+. Hace algunos años, Aguascalientes decidió que se haría un cobro excesivo para los procedimientos de identidad trans, que además es muy revictimizante, deja notas marginales y les obliga a llevar un juicio. Los demandamos, nosotras como A.C., para que las personas trans y no binaries no tuvieran que hacerlo una a una en este estado en el que sus autoridades todos los días realizan algún acto de discriminación contra esta población.
La reforma judicial limitó los efectos del amparo, lo que significa que ahora, aunque el Poder Judicial se percate de que una norma está afectando a toda una población, no puede protegerla si no presentan un amparo cada uno. Es uno de los puntos más regresivos de lo que sucedió el año pasado; es uno de los más grandes obstáculos para el acceso a la justicia.
Lo que buscábamos era que la Corte declarara inconstitucional esta reforma y que, al menos con sus efectos limitados, pudiéramos lograr que las personas que representamos puedan tener un procedimiento administrativo sin necesidad de un amparo. Es todo: ahorrarle incluso “chamba” al Poder Judicial Federal.
El proyecto del ministro Giovanni proponía conceder el amparo con esos efectos, reconocer lo que se llama interés legítimo y proteger a las personas que representamos. La mayoría estuvo de acuerdo, menos esas dos ministras. Hay que recordar que sus perfiles son partidistas y, como tal, se aferraron a defender que no podían reconocernos el interés legítimo porque es un derecho individual. Esta postura es sumamente preocupante porque no solo afecta a las A.C., sino a los colectivos y a las comunidades que defienden sus derechos.
Sin embargo, Lenia decidió ser más visceral para defender esta desgraciada reforma al amparo y decir que las organizaciones como nosotras “usurpamos y privatizamos derechos”. Su postura —como se lo hicieron ver los ministros Giovanni, Hugo, Arístides y la ministra Loretta— no solo reflejó su poco conocimiento en derecho constitucional, sino su falta de compromiso con la justicia y los derechos humanos; es decir, con el pueblo que dicen legítimamente representar.
Desde acá les vuelvo a reiterar que el “no” siempre lo hemos tenido y eso nunca nos ha detenido.
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