Durante muchos años, cuando hablábamos de investigar un delito, pensábamos en huellas dactilares, testimonios, documentos o cámaras de seguridad. Hoy, una parte importante de nuestra vida ocurre también en el espacio digital y, como consecuencia, los delitos han comenzado a dejar otro tipo de rastros.
Un teléfono celular puede registrar ubicaciones, llamadas, fotografías, conversaciones y movimientos. Las redes sociales pueden ayudar a reconstruir vínculos o momentos. Una cámara puede aportar información relevante y una operación electrónica puede convertirse en una pieza dentro de una investigación.
La tecnología está transformando nuestra vida cotidiana, pero también la manera en que se procura justicia.
Esto representa una enorme oportunidad para las instituciones. Las herramientas digitales pueden contribuir a investigaciones más sólidas, permitir reconstruir hechos con mayor precisión y aportar elementos que hace algunos años simplemente no existían.
Sin embargo, también plantean una pregunta que como sociedad no podemos ignorar: ¿hasta dónde puede llegar la tecnología cuando se trata de investigar a una persona?
En un Estado de derecho, la eficacia nunca puede estar por encima de la legalidad.
Que técnicamente sea posible acceder a determinada información no significa que jurídicamente pueda hacerse de cualquier manera. La obtención de evidencia debe respetar procedimientos, competencias y derechos fundamentales. De lo contrario, una herramienta diseñada para fortalecer una investigación puede terminar debilitándola.
Ahí se encuentra uno de los grandes desafíos de la justicia contemporánea: encontrar el equilibrio entre aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología y garantizar que el poder del Estado continúe sujeto a límites constitucionales.
Este debate será todavía más importante con el desarrollo de la inteligencia artificial.
La capacidad para procesar grandes cantidades de información, identificar patrones o relacionar datos puede convertirse en una herramienta relevante para las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Pero ninguna tecnología debe sustituir el criterio de quienes investigan, ni mucho menos convertirse por sí misma en una sentencia sobre la responsabilidad de una persona.
La tecnología puede aportar información. La justicia exige además contexto, legalidad, investigación y responsabilidad humana.
También existe otro reto: la preparación de quienes integran las instituciones. No basta con adquirir sistemas más modernos. Ministerios públicos, policías de investigación, peritos y operadores jurídicos necesitan comprender cómo obtener, preservar, analizar y presentar correctamente la evidencia digital.
Porque una prueba tecnológica mal obtenida puede ser tan problemática como cualquier otra evidencia obtenida fuera de la ley.
El futuro de la justicia no consiste simplemente en tener más tecnología. Consiste en utilizarla mejor.
México necesita instituciones capaces de investigar los delitos del siglo XXI con herramientas del siglo XXI, pero también con los principios constitucionales que deben acompañar siempre al ejercicio del poder público.
Los delitos cambian. Las herramientas cambian. La tecnología avanza.
Lo que no puede cambiar es el principio fundamental de toda sociedad democrática: la justicia debe ser eficaz, pero también debe ser legal, responsable y respetuosa de los derechos de todas las personas.
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