El 5 de noviembre, el diputado Ángel Tenorio presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud para tipificar el delito de ECOSIG (Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual y la Identidad de Género) y prohibir la existencia de estos lugares que cuyas practicas no reconocidas por psicólogos, terapeutas y psiquiatras se acercan más a la tortura.
México Igualitario, Casa Frida y Di Ramona, compartimos una postura no punitiva para atender las problemáticas que enfrentamos día a día las disidencias sexogénericas. Cada que algune legisladore presenta una iniciativa de reforma que busca crear un tipo penal o aumentar una pena, nos envía el mensaje de que presuntamente, se agotaron todas las vías que el estado pudo hacer para tratar de erradicar una problemática y no tuvieron más opción que utilizar el rancio y discriminatorio derecho penal.
Que desde los movimientos sociales exijamos y alabemos este tipo de iniciativas punitivas refrenda que le perdonamos al estado sus fallas y su ineptitud para garantizar que nuestros derechos humanos sean protegidos.
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Desde México Igualitario hemos acompañado a victimas de ECOSIG, la gran mayoría terminaron privadas de su libertad y sometidas a tortura, a petición de sus familias quienes fueron manipuladas por grupos religiosos de que sí hay manera de curar lo que es incurable. Estos centros, anexos, granjas, clínicas que se han creado como un negocio bastante redituable y atractivo desde “la clandestinidad” (porque son públicos, pero no constitutivos ante el estado) se aprovechan de una necesidad de atención a la salud mental que el gobierno no se ha hecho responsable y han visto una mina de oro. Entre más tiempo este alguien anexado, mayor ingreso reciben.
La mayoría de las personas que acompañamos al salir del encierro buscan a sus familias. Esta relación estará ya dañada por la búsqueda e intervención de autoridades, pero se vuelve incluso más complicado cuando hay la intervención del Sistema Penal. No existe una educación a través del miedo, por ello el proceso de sanación y medidas de no repetición no esta garantizado. Las personas que recurrieron a estos anexos por no entender ni aceptar a sus hijes no pasan por un proceso de entender porque lo que hicieron es inaceptable.
Aunque la tipificación de las ECOSIG se ha promocionado como el arranque para lograr erradicar estos centros de tortura, en la mayoría de los casos se ha convertido en letra muerta pues en la práctica es más fácil sancionar a las familias que cerrar estos lugares que muchas veces son atendidos por gente con demasiado poder. Este reportaje de animal político resulta interesante para entender este fenómeno que no solo violenta a las disidencias sexogenericas, sino a las personas que viven con adicciones, con condiciones de salud mental, adultos mayores, con discapacidad o cualquier otra cuyas familias no quieran o puedan cuidarles.
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Sin embargo, la iniciativa que presentó la bandada de MORENA, ofrece una pequeña ventana de oportunidad para llegar a la raíz del problema: la prohibición en la Ley de Salud y a partir de ahí una regulación, supervisión y auditoria por parte de estas autoridades e incluso de Hacienda para corroborar como funcionan estos centros y poder cerrar aquellos que ni existan legalmente o no cumplan con las condiciones, incluso que sean estas autoridades las que puedan sancionar a cualquier profesional que se preste a estos actos de tortura.
Ojalá la bancada de MORENA y les diputades en general demuestren su compromiso para erradicar esta práctica en el estado y desista de la creación de un tipo penal que no erradicara el problema y se centre en fortalecer una reforma administrativa que si tendría un impacto en nuestras vidas.
La oportunidad de legislar para lograr un impacto real ahí está, ya veremos si gana el posicionamiento en la prensa o el compromiso real con las disidencias sexogénericas.
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