La Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a 13 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acusados por ser presuntos partícipes del delito de desaparición forzada.
De acuerdo a lo informado por las autoridades se trata de distintos casos en los que los elementos estarían involucrados y por los que se espera que en breve los jueces vinculen a proceso a los uniformados.
La detención de José Manuel “N” y José Rosalino “N”, se encuentra vinculada a la desaparición forzada de tres víctimas.
Martín de Jesús “N”, Benjamín “N”, Francisco “N”, Sandra Anayeli “N”, Alfredo Irán “N”, Óscar “N”, Luis Gerardo “N”, Miguel Ángel “N”, Adriana Yamilet “N” y Juan Daniel “N”, estarían señalados por dicho delito en agravio de dos víctimas de identidad resguardada.
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Mientras que el elemento identificado como Andrés “N” sería partícipe de la desaparición de una persona.
“Elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de 13 policías estatales como probables responsables del delito de desaparición forzada de personas”, informó la FGE.
De acuerdo a la información disponible hasta el momento, los policías fueron citados en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), lugar identificado como la academia policial del estado.
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A dicho lugar arribaron elementos de la Policía Ministerial y en un fuerte operativo apoyado por cuerpos federales realizaron la cumplimentación de las órdenes de aprehensión.
Posteriormente fueron trasladados en al menos 15 camionetas de la FGE al Penal de Pacho Viejo para determinar su situación legal.
Al tratarse de diferentes delitos los que se les imputan a los policías estatales, cada caso será llevado ante jueces de control en los municipios donde se cometieron las desapariciones.
“Serán presentados a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, en audiencia inicial ante los jueces de control y procedimiento penal oral, en Pacho Viejo, Cosamaloapan y Coatzacoalcos respectivamente, para que definan su situación jurídica”, añadió la FGE.
Por Iván Sánchez
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