En celebración de su centenario, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) conmemoró el Día de la Abogacía Mexicana, con una ceremonia en la que se reconoció la labor de abogadas y abogados de todas las áreas de la institución, a quienes se identificó como la “Generación Centenario”.
En el evento, se recordó y agradeció a quienes ejercían su profesión y que por motivos de la Covid-19 o bajo cualquiera otra circunstancia, perdieron la vida recientemente.
En su intervención, Jacob Tolentino Habib, director jurídico de la PGJEH manifestó algunos de los desafíos a los que se enfrentan las nuevas generaciones de abogados y planteó un análisis sobre el quehacer del Ministerio Público en la época actual, donde la PGJEH se vio obligada a adaptarse, porque no hubo opción de pausar el trabajo ni un solo día debido a que su actividad fue decretada como esencial.
“Este día de la Abogacía Mexicana es distinto porque lo conmemoramos en el año del Centenario. A 100 años, los abogados de la institución tenemos retos importantes, entre ellos dar respuesta efectiva a las exigencias cada vez mayores, de una sociedad más informada, exigente y tenaz, que solicita resultados tangibles e inmediatos” aseguró.
Planteó la necesidad de pensar y rediseñar el perfil que se requiere para el Ministerio Público en Hidalgo, tomando en cuenta los cien años de trabajo de la Procuraduría, con una nueva era post-COVID, con un análisis legislativo que hoy se realiza sobre una autonomía constitucional y las exigencias nacionales de combate a la corrupción y la impunidad, así como las internacionales que sugieren mejorar los resultados y estándares profesionales.
En la ceremonia, Tolentino Habib hizo entrega al procurador general Raúl Arroyo de la convocatoria abierta dirigida al personal de la PGJEH, para participar en la conformación de una obra denominada “Estudios de la generación centenario”.
Con este documento se pretende atender la deuda con la ciencia del derecho, ante la ausencia de acciones para compartir experiencias y aprender de otros campos de investigación jurídica.
En su mensaje, el procurador Raúl Arroyo reconoció a las 502 abogadas y 417 abogados, profesionales del derecho que laboran en la institución y que sirven a la población hidalguense en todas las regiones del estado.
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Arroyo también lamentó la pérdida de quienes laboraron al frente de la procuraduría.
El procurador destacó la implementación de distintas políticas públicas orientadas a la formación profesional de hombres y mujeres que conforman el Ministerio Público, musmas que buscan atender necesidades laborales y profesionales.
“Somos la Generación del Centenario que va a concluir este ciclo de cien años, pero lo más importante es que quienes cerramos el siglo de la institución, damos paso a una nueva era que atenderá históricas necesidades, requerimientos y reclamos de una sociedad que todavía tiene dudas de nuestro trabajo, que aún no cree del todo en lo que hacemos, una sociedad a la que le debemos el sustento de nuestras familias y a la que tenemos la obligación de devolverle lo mejor de nosotros mismos” señaló.
Arroyo destacó que ante la oportunidad histórica de abrir el nuevo ciclo en la Procuraduría General de Justicia, se tiene que hacer con rumbo, sin ocurrencias y con una definición clara de hacia dónde va la institución en medio de una pandemia, “que no sabemos en qué momento termine, en medio de una transición política y de una posibilidad de transformación que refuerce la autonomía institucional que hoy solamente tenemos de manera técnica. Por eso hoy se habla de la fiscalía autónoma para Hidalgo; esa es la gran oportunidad”.
Explicó que no se trata de cambiar nombres por cambiar nombres en las leyes, ni se trata de cambiar preceptos que digan que se trata de otra institución, “lo importante es que esa transformación debe ser impulsada por las abogadas y abogados de la PGJEH, quienes deben ser el motor del nuevo ciclo”.
“Para abrir el nuevo ciclo estamos todas y todos los abogados de la institución, juntos representamos la columna vertebral en esta institución eminentemente jurídica que comenzara una nueva etapa a partir de la Política de Persecución Penal, seguida de la Agencia de Investigación Criminal, proyectos que marcarán el cambio y la nueva ruta para que el Ministerio Público haga mejor su trabajo” concluyó.
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