El próximo 5 de noviembre, a las 17:30 horas, se llevará a cabo una nueva audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño por el crimen de Daniela, Guadalupe y Josselyn, ocurrido en julio de 2024 en Santiago Tulantepec, en la que testificarán peritos y psicólogas.
Posteriormente, se programará una última audiencia en la que se determinarán los años de prisión que cumplirán los tres responsables, las multas que deberán pagar al Estado y los montos de reparación del daño a los familiares de las víctimas.
Lo anterior, luego de que este miércoles 28 de octubre se desarrollara otra audiencia de esta etapa procesal, en la que comparecieron Marcial Sánchez, padre de Guadalupe y Josselyn, así como la ex pareja de Daniela, quienes expusieron las afectaciones que han enfrentado tras la muerte de las tres jóvenes.
La diligencia comenzó a las 17:00 horas y concluyó poco después de las 21:00 horas en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Tulancingo.
Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, los familiares respondieron cuestionamientos sobre las consecuencias físicas, emocionales y económicas que provocó la pérdida de sus seres queridos, con la finalidad de aportar elementos para cuantificar la reparación del daño.
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Marcial Sánchez, padre de Guadalupe y Josselyn, ha acompañado el proceso judicial desde el asesinato de sus hijas, ocurrido el 30 de julio de 2024 en la colonia San Isidro, municipio de Santiago Tulantepec.
En la audiencia, señaló que durante más de dos años su familia ha enfrentado afectaciones a su salud, pérdidas económicas y cambios en su vida cotidiana, además de mantener la exigencia de que se imponga la pena máxima a los responsables.
Familiares han expuesto afectaciones físicas y económicas
Con esta diligencia suman dos audiencias de desahogo de testimonios dentro de la etapa de individualización de sanciones y reparación del daño, luego de que el pasado 21 de octubre comparecieran Mónica Sepúlveda, madre de Daniela, y Balbina Garrido, madre de Guadalupe y Josselyn.
Durante aquella audiencia, ambas expusieron las consecuencias que el crimen ha tenido en su salud física y emocional, así como las dificultades económicas derivadas de los gastos médicos, la atención psicológica y su asistencia constante a las diligencias judiciales.
Mónica Sepúlveda recordó que Daniela tenía 25 años, se había desempeñado como paramédico en Pachuca y Tulancingo y estaba por iniciar sus estudios de medicina, con la intención de especializarse en cirugía de urgencias.
Por su parte, Balbina Garrido manifestó que la muerte de sus dos hijas transformó por completo la vida familiar y provocó afectaciones que persisten a más de dos años de los hechos.
Solicitan pena máxima para los responsables
Durante esta etapa procesal, la asesoría jurídica de las víctimas indirectas ha solicitado al tribunal imponer la pena máxima de prisión, las multas correspondientes y la reparación integral del daño a los tres responsables.
En contraste, las defensas han solicitado sanciones menores. Particularmente, la representación legal del partícipe inductor pidió considerar su edad y el principio de reinserción social al momento de determinar los años de prisión.
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Cabe recordar que el pasado 8 de octubre el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio contra tres personas involucradas en los hechos, dos señaladas como autoras directas y una como partícipe inductor, por los delitos de feminicidio, aborto forzado y homicidio doloso.
De acuerdo con estimaciones previamente expuestas por la asesoría jurídica, las penas podrían oscilar entre 40 y 90 años de prisión para los autores directos, mientras que para el partícipe inductor se contempla un rango de entre 35 y 50 años, dependiendo de los criterios que aplique el tribunal.
La siguiente audiencia está programada para el jueves 5 de noviembre, a las 17:30 horas, cuando se prevé concluir el desahogo de los testimonios con la participación de peritos y psicólogas.
Después de esta diligencia se llevará a cabo una última audiencia, cuya fecha aún está pendiente, en la que el tribunal determinará las penas de prisión para cada uno de los responsables, las multas que deberán cubrir al Estado y las cantidades correspondientes a la reparación del daño para las familias de Daniela, Guadalupe y Josselyn.
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