El diputado morenista, Miguel Moreno y el presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marco Antonio Rico, anticipan que ante el creciente rechazo de los cabildos a la reforma al artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, que beneficia a presidentes y anula a síndicos y regidores en la revisión del gasto municipal, tienen listo su “plan B”, del que no han adelantado su contenido.
Lo cierto es que, con esta decisión, el Congreso local, abrió el espacio innecesario para la confrontación interna del partido oficial y le dio argumentos a la oposición para colocar en el debate la diferencia de visiones sobre un mismo tema.
Y, por si fuera poco, revivió a un nutrido grupo de ex presidentes municipales, en su mayoría militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que al calor del diferendo se constituyó en Asociación de Ex Alcaldes, encabezada por el ex presidente municipal de Actopan, el priista Jaime Galindo Ugalde.
Mientras en Morena habla de modernización administrativa y de rescatar a los alcaldes, que en muchos casos se convierten en rehenes de los caprichos de síndicos y regidores, quienes chantajean a cambio de aprobar tal o cual proyecto propuesto por el presidente municipal.
Del otro lado, los legisladores de oposición y ahora un nutrido número de Cabildos, sostiene que aprobar que los presidentes firmen contratos con particulares o instituciones, sin la aprobación de síndicos y regidores, daría vía libre a los alcaldes para realizar operaciones al margen del Cabildo, sin saber si beneficiará o no a la población.
Rico Mercada, expuso en conferencia reciente que lo que busca la reforma es “acabar con la ingobernabilidad en los cabildos”, Agrega que “no tiene que ver con aspectos políticos o de fondo, son rivalidades políticas, son intercambios de canonjías”.
Vale recordar que los Cabildos actuales se integran con quienes en el 2024 fueron candidatos a presidentes municipales y perdieron, pero la ley les permite alcanzar un espacio como regidor o regidora y, en algunos casos, se convirtieron en los principales fiscalizadores de las tareas del alcalde en turno.
El caso más ilustrativo lo tenemos en Tula de Allende, donde el regidor independiente (y ex candidato a alcalde) Noé Paredes Meza, ha sido el principal crítico del gobierno que encabeza Cristhian Martínez Reséndiz, para muchos, con justa razón.
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