Leonardo Herrera

Cooperativa Cruz azul: entre espejismo y extorsiones

Hay una forma de mentir que no requiere inventar nada nuevo: basta con reetiquetar lo viejo y anunciarlo como logro. Eso es exactamente lo que ha hecho la administración de Cruz Azul, encabezada por Víctor Manuel Velázquez Rángel, que no solo ha engañado al gobierno federal y al estatal, sino también a empresas privadas nacionales y extranjeras, a las que ha vendido “nuevas” inversiones que en realidad no existen como tales. Pero lo más grave no es el montaje financiero: es el conflicto abierto con los socios cooperativistas, que lejos de resolverse, se ha convertido en un proceso sistemático de amenazas, coerción e intimidación.

El conflicto arrancó en agosto de 2020, cuando el entonces presidente Guillermo Álvarez Cuevas, fue acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su salida dejó un vacío de poder que detonó una pugna entre Velázquez Rángel —aliado de José Antonio María— y el bando de Federico y Francisco Sarabia, una disputa que, contra lo que quieren aparentar los primeros, no ha terminado.

Documentos, testimonios, audios y expedientes en poder de este columnista confirman que, a través del abogado Rafael Anzures —brazo ejecutor de Velázquez Rángel—, se ha presionado a más de 200 socios para firmar contratos leoninos mediante los cuales, renuncian a sus derechos a cambio de pagos de dos millones de pesos diferidos a diez años para los trabajadores jubilados.

Una reunión grabada por los propios socios en febrero pasado documenta la estrategia para excluirlos de una empresa a la que algunos han pertenecido más de cuatro décadas, y cuyos derechos, en otros casos, se heredan entre familias desde hace más de 70 años. De los más de 500 socios registrados hasta 2019, 200 ya han rechazado estas condiciones.

El problema no es menor: la estructura de la cooperativa depende de decisiones mayoritarias de los socios en cada etapa —construcción, planeación y comercialización—. Ahí radica el verdadero problema legal: existen antecedentes en juzgados laborales que cuestionan la legalidad misma de la asamblea en la que Velázquez llegó a la presidencia.

Aun así, entre argumentos legaloides, amparos y, sobre todo, las relaciones de Rafael Anzures, se ha logrado convencer a las autoridades de la legitimidad de esta presidencia —o al menos conseguir el respaldo aparente— para poner en marcha la planta más importante de Cruz Azul, en Tula. Algo que, hasta ahora, no ha ocurrido, pese a la promesa de que el proceso arrancaría antes del cuarto informe del mandatario estatal Julio Menchaca.
La supuesta inversión de 3 mil 700 millones de pesos anunciada para la nueva línea de producción del horno número 10 no es nueva: ya había sido realizada entre 2019 y 2020 por Álvarez Cuevas, con un avance del 85 por ciento desde entonces. El proyecto fue ejecutado por las firmas europeas ThyssenKrupp Polysius, Fives FCB y Loesche.
Y los 14 mil empleos que supuestamente generarán estas “nuevas inversiones”, no son otra cosa que la recuperación de la mano de obra perdida desde que la planta dejó de operar en 2020. La inyección de capital y las cifras de ocupación son, en síntesis, un espejismo más, sostenido sobre ilegalidades y conflictos sin resolver, mientras los socios de una empresa que fue ejemplo en América Latina siguen empobrecidos y sin servicios.

De mi tintero… Pasada la semana de informes gubernamentales y agenda política, en el Congreso del estado, alistan la reforma electoral que se estrenará en la elección del 2027 para reservar candidaturas de género por orden alfabético…La presidenta del Instituto Estatal Electoral, María Magdalena González Escalona, enfrenta un nuevo proceso ahora en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, bajo el número UT_SCG_PRCE_BMO_JL_HGO_13_2026, por faltas graves que atentan contra la independencia e imparcialidad, al realizar el nombramiento de Juan Carlos Mendoza con una plaza de 410 mil pesos, lo que presume conflicto de interés e indebida asignación de cargo…El procedimiento se suma al que tiene en el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Superior por el mismo tema, parece que las imposiciones y caprichos saldrán muy caros a la titular del OPLEH…

crs


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